El Tribunal Supremo da vía libre para aplicar el decreto del carbón

La sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo acordó ayer en varios autos no aplicar las medidas cautelares que las compañías eléctricas y la Xunta solicitaban en contra de la entrada en vigor del real decreto del carbón. "Nos encontramos con una decisión de la Administración, encargada de velar por los intereses generales, que entiende que es conveniente para asegurar la garantía de suministro y mantener operativa la industria nacional del carbón", así como con "la afirmación de la parte que considera literalmente lo contrario", señala el Supremo, según informa Europa Press. La decisión da vía libre a la aplicación de una norma que compromete el futuro de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama, que consumen mineral importado, y pone en peligro centenares de puestos de trabajo en ambas comarcas.

La decisión del Supremo sorprendió a los vecinos de As Pontes, minutos antes de una asamblea informativa. El acto había sido convocado dos días antes por el Gobierno local para informar sobre el estado de los recursos jurídicos contra el reglamento, y de los últimos contactos ministeriales para negociar compensaciones para las dos grandes térmicas gallegas. Bajo una fina lluvia y a última hora de la tarde, unas 300 personas -camioneros, comerciantes, empleados de Endesa y sindicalistas-, se concentraron en la céntrica plaza del Carmen, ávidos por conocer el alcance de la noticia.

No obstante, la resolución del Supremo no implica que el decreto se ponga en marcha de forma inmediata. La norma continuará en suspenso a la espera del dictamen de Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo, que en enero responderá al recurso presentado por las eléctricas Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa. Un grupo de empresarios de la comarca ferrolana, agrupados bajo el paraguas de la Cámara de Comercio de Ferrol que dirige Xoán Gato, ex alcalde de Narón, presentaron ayer una nueva plataforma de afectados por el decreto. Agrupa a pequeños empresarios del área de influencia de la central térmica de As Pontes, y también a la Autoridad Portuaria, donde se descargan cada año miles de toneladas del mineral importado. En un manifiesto, la nueva asociación defiende el derecho la planta pontesa a producir y consideran que la aplicación del decreto será sumamente perjudicial para la economía de la zona. Otra plataforma, impulsada por el BNG, y los sindicatos CIG y USTG, mantiene su propia línea de acción contra el decreto.