El Superior ratifica el derribo del edificio Fenosa en A Coruña

Una nueva resolución judicial ratifica la obligación de demoler uno de los edificios más grandes del centro de A Coruña, el Conde de Fenosa, declarado ilegal por los tribunales Supremo y Superior de Galicia. Ya hace 13 años que está en el limbo el inmueble, compuesto de tres bloques con un centenar de viviendas, locales comerciales y despachos de oficina construidos sobre la parcela que acogió durante décadas la sede principal de la compañía eléctrica. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en un auto difundido ayer, desestima las demandas del Ayuntamiento coruñés y de la comunidad de propietarios para evitar que se ejecute la orden de derribo.

La orden de demolición del céntrico edificio que ratificó el auto hecho público ayer fue dictada, hace ya nueve años, por los jueces gallegos y ratificada luego, de forma firme e irrevocable, por el Tribunal Supremo. La batalla judicial iniciada por unos vecinos en 1997, cuando aún no se había siquiera iniciado la construcción de la urbanización aún tendrá más capítulos. Pero hasta ahora tanto la promotora como el Ayuntamiento han perdido todos los recursos planteados para tratar de evitar el derribo. El alto tribunal gallego, en este último auto, requiere al Ayuntamiento "para que lleve a cabo lo establecido en la sentencia de 2001" que declara nula la licencia municipal obtenida por la inmobiliaria Fadesa y ordena la demolición de esta edificación, situada en la calle Fernando Macías. El permiso para construir fue otorgado en la época en que era alcalde el actual embajador en la Santa Sede, Francisco Vázquez.

Los magistrados dan un plazo de 15 días para que las autoridades municipales les entreguen copia de lo practicado hasta el momento para cumplir con ese fallo que fue ratificado por el Tribunal Supremo. No obstante, también rechazan la petición de los afectados de que se ejecute con carácter inmediato la orden de demolición. El gobierno municipal sí cumplió con su obligación de divulgar el fallo que anula la licencia en el Boletín Oficial da Provincia, pero no en el Registro de la Propiedad, subraya el Tribunal Superior.

Este último auto judicial rechaza de nuevo los intentos del Ayuntamiento para legalizar con nuevas licencias posteriores el inmueble. "No pueden entenderse como legalizadas dichas obras", estiman los jueces. También rechazan la solicitud de la comunidad de propietarios, que pidió del tribunal que indicase a los poderes locales qué hacer para legalizar el edificio o que declarase imposible de ejecutar, por razones jurídicas y materiales la sentencia que ordena su derribo.

El gobierno local, que preside el socialista Javier Losada, ya anunció su intención de presentar un recurso de súplica contra esta última decisión judicial por entender que debe seguir hasta el final "defendiendo los intereses de los propios vecinos y de la propia ciudad". Hasta el momento nunca tuvo éxito en sus sucesivos intentos, siempre tumbados por la jsticia, para legalizar el edificio. Fue declarado ilegal por no ajustarse al planeamiento en vigor, el de 1985, que prohibía la reforma integral de una edificación. Los jueces también dictaminaron como ilegales las dimensiones del patio interior de uno de los bloques de viviendas, así como insuficientes las plazas de garaje, 72 para un centenar de pisos.