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Roca echa la culpa ahora a Jesús Gil de la gestión urbanística en Marbella

El cerebro de Malaya reconoce que entró en un pelotazo con "dinero opaco"

Juana Viúdez

Con la calma de quien sabe que su juicio durará un año, Juan Antonio Roca, máximo imputado del caso Malaya, comenzó ayer a declarar sobre la trama de corrupción marbellí por la que se sientan en el banquillo de la Audiencia malagueña a 95 procesados. El ex asesor de urbanismo se estrenó con una táctica ya conocida y a la que han recurrido numerosos ediles gilistas: echarle la culpa de todo al ex alcalde de Marbella, Jesús Gil, ya fallecido. "No existe ningún dato objetivo que demuestre que Juan Antonio Roca dirigiera el ordenamiento urbanístico en Marbella", mantuvo. "El señor alcalde determinaba las condiciones de los convenios, lo que yo hacía en la oficina de Planeamiento Urbanístico era elevar propuestas", añadió.

Contestó sin prisas y comprobó en sus notas las cifras que dio de memoria
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El juicio, dividido en bloques, ha arrancado con la llamada operación Crucero Banús. La compra, recalificación y venta de estos terrenos reportaron unos beneficios de al menos 6,33 millones de euros a los cuatro socios que participaron: el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, el ex edil gilista y promotor Pedro Román, el ex comisario de policía Florencio San Agapito y el abogado Juan Germán Hoffman. El fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, considera claves los manejos de Roca en el urbanismo marbellí para conseguir que el negocio tuviera éxito.

Roca, de 57 años, comenzó a declarar a las 13.00, cuando parecía que el presidente del tribunal, José Godino, iba a dar por terminada la sesión. Todas las miradas estaban puestas en él para saber si el ex asesor aceptaba los cargos y decidía colaborar con la justicia. En las últimas semanas se especulaba sobre posibles negociaciones con la fiscalía para tirar de la manta a cambio de una rebaja en los 30 años de cárcel que pide para él el ministerio público por blanqueo, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho.

Antes de que el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero comenzara a preguntarle, pidió al tribunal que tuviera en cuenta la falta de unas diligencias sobre las que quiere responder cuando se retome el juicio en enero de 2011. Después se dispuso a contestar sin prisa y comprobando en sus notas cada cifra que daba de memoria. El fiscal le bombardeó a preguntas durante unos 50 minutos. El ex asesor apenas varió el tono de sus respuestas, aunque se permitió alguna que otra licencia, como recordarle a López Caballero que se habían archivado todas las diligencias que abrió cuando era fiscal de Medio Ambiente por delitos contra el territorio y que le afectaban.

Ya en faena, Roca reconoció que en octubre de 2001 participó con un 15% en la compra de los terrenos de Puerto Banús que estaba gestionando Pedro Román. Aportó 742.000 euros de dinero "no declarado" en cuatro cheques de moneda extranjera y 50.000 euros en efectivo. Según Roca, el dinero venía de la venta del 100% de la sociedad Altos de Gualdamina. Por eso, cuando el fiscal le preguntó por la forma en la que había declarado a Hacienda los 1,5 millones que recibió por el negocio le contestó: "Si yo participo con dinero opaco, difícilmente voy a declarar beneficios". El dinero se ingresó en la fundación Melifero que Roca ya tenía abierta en el paraíso fiscal de Liechtenstein.

Lejos de reconocer que había hecho un buen negocio, Roca dejó caer que tanto a él, como al ex comisario Florencio San Agapito, les habían hecho pagar "un plus" por apuntarse más tarde. "He observado cosas muy extrañas (...)Ahora me he enterado de que la compra se hizo por 4,3 millones y no por 4,9 como creía", dijo.

El ex asesor explicó que la parcela que compraron venía con un convenio previo y que Pedro Román lo renegoció personalmente con Jesús Gil. Fue el entonces alcalde quien, según Roca, le pidió que duplicara las cesiones que los compradores tendrían que hacer al Ayuntamiento, de forma que pasaron de tener que pagar 360.000 euros a 1.4 millones. El acuerdo se firmó a partir del plan urbanístico de 1998, declarado ilegal. Finalmente, se entregaron 240.000 euros.

La primera declaración del ex asesor

- "No existe ningún dato objetivo de que Juan Antonio Roca Nicolás influye, decide o actúa de forma para que se dé una licencia urbanística".

- "El señor alcalde (Jesús Gil) determinaba las condiciones de los convenios siempre. Lo que yo hacía en la oficina de planeamiento era elevar propuestas."

- "Si yo participo con dinero opaco, difícilmente voy a declarar el beneficio a las autoridades españolas".

- "Los beneficios de la operación Crucero Banús se me devuelven en Suiza porque yo entrego el dinero en Suiza".

- "He observado cosas muy extrañas (...) creo que a Florencio y a mi se nos ha hecho pagar un plus por entrar después. Pensaba que el precio de compra eran 4,9 millones y no 4,3 millones".

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Sobre la firma

Juana Viúdez
Es redactora de la sección de España, donde realiza labores de redacción y edición. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en EL PAÍS. Antes trabajó en el diario Málaga Hoy y en Cadena Ser. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster de periodismo de EL PAÍS.
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