La Xunta contamina un río con obras vetadas por Augas de Galicia

La Dirección Xeral de Infraestructuras estaba avisada por Augas de Galicia: el proyecto de un puente sobre el río Pego, para construir un ramal de la autovía Santiago-Brión, no se podía ejecutar en los términos en que estaba previsto. Pero Infraestructuras siguió adelante sin autorización. Realizó una modificación de planos "insuficiente" e impulsó las obras sin contar con Augas. Como consecuencia de los trabajos, el pasado 10 de septiembre un vertido "directo y sin depuración" provocó la muerte de un elevado número de ejemplares de peces, principalmente truchas. Las obras provocaron destrozos en la zona de servidumbre y de dominio hidráulico y el derrumbe de un talud. El caso está siendo investigado por la fiscalía especializada en la defensa del medio ambiente.

El vertido provocó la muerte de peces y la caída de un talud sobre el cauce

El proyecto, en el término municipal de Brión, enfrentó a dos departamentos de la misma consellería, la de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que dirige Agustín Hernández, de la que depende Augas de Galicia. Y en los dos tuvo un papel protagonista Ethel Vázquez, responsable de Augas de Galicia cuando se denegó el permiso de obra, y que se estrenaba al frente de Infraestructuras precisamente el mismo día que se desencadenó el vertido.

Según las diligencias practicadas por el equipo de investigación del Seprona, de la Guardia Civil, la solicitud de autorización de las obras entró en Augas de Galicia el 5 de junio de este año. Tras estudiar los planos, se determinó que las condiciones del reglamento del dominio público hidráulico "no se cumplen en el proyecto presentado", por lo que Augas requirió a Medio Ambiente a enmendar los planos "ajustados a la legalidad". Según el informe de la Guardia Civil, Infraestructuras autorizó igualmente las obras. Según un portavoz de la consellería de Hernández, se hizo después de alcanzar un acuerdo verbal con Augas.Augas de Galicia advirtió de que el proyecto "no se ajustaba a la legalidad". Infraestructuras remitió después una documentación sobre las obras, ya iniciadas, en la que proponía nuevos planos, reponer la zona de servidumbre y acondicionar los taludes y nuevos planos, medidas que Augas consideró "insuficientes". La Guardería Fluvial observó no obstante el día del vertido que buena parte de la obra estaba ejecutada, en unas condiciones que reducían "aún más la faja de servidumbre".

Además de la carencia de autorización, Augas remitió un informe a la Guardia Civil en el que revela múltiples irregularidades. Por ejemplo, inexistencia de balsa de contención, invasión de la zona de servidumbre, medidas "nulas" de protección frente a desbordamientos o invasiones del cauce, ausencia de dispositivos de retención de filtrado y sedimentos y el depósito de un manto de hormigón de unos 18 metros sobre todo el ancho del fondo del cauce.

Además, dos días antes del desastre, Augas advirtió de que las bombas de achique no estaban conectadas y el vertido era "claramente" directo y sin depuración previa. La empresa tampoco puso en conocimiento de las autoridades la mortandad de truchas, de forma que, como concluye Augas, de no haberse recibido la alarma, "se hubiesen seguido produciendo los vertidos". El informe del ente denuncia "falta total de coordinación de medios", "una pasividad total" respecto a los efectos ambientales "y un desinterés generalizado del ordenamiento jurídico".

Toda esta información está documentada en las diligencias practicadas por la Guardia Civil, que conforman un detallado relato sobre la contaminación y la mortandad de peces ocurrida en el río Pego el 10 de septiembre y sobre el incumplimiento de la legislación hidráulica. Según el testimonio del director de obra, la acumulación de filtraciones de agua en la excavación obligó a bombear y verter directamente al cauce "lixiviados contaminados de hormigón de limpieza".

Los agentes de la Guardia Civil comprobaron que 200 metros río abajo del vertido "no se aprecia vida acuícola", y que en los primeros 300 metros encontraron 35 truchas muertas y la presencia de fango en el fondo del cauce, por lo que consideraron "previsible" que "pueda haber una cantidad muy superior de peces muertos". El Seprona también comprobó que en la margen derecha del Pego, y a lo largo de 20 metros, se "arrancó toda la zona de servidumbre y afectó a la de dominio hidráulico".

Según un portavoz de Medio Ambiente -la ex presidenta de Augas y directora de Infraestructuras declinó hacer declaraciones-, tras la desautorización inicial, técnicos de los dos departamentos buscaron una solución, y las obras comenzaron después de recibir de Augas "instrucciones verbales". La consellería considera que "no está claro" que el vertido se deba a la construcción del puente.