Soluciones urbanísticas a la carta

Un mismo problema, pero dos soluciones distintas. Las capitales de Córdoba y Jaén plantean alternativas diferentes para regularizar las miles de viviendas ilegales, muchas de ellas construidas en zonas inundables, edificadas en las últimas décadas entre la pasividad de la Administración.

Mientras que el Ayuntamiento cordobés cierra la puerta a la legalización de las casas en zonas protegidas y de avenidas, y ha propuesto a los vecinos afectados acogerse a viviendas de protección oficial en régimen de alquiler a cambio de demoler las edificaciones, el Consistorio de Jaén plantea una autorización general para las 5.000 viviendas alegales y deja en manos de la Junta de Andalucía la identificación de las que no son susceptibles de regularizar.

En Córdoba han propuesto demoler las casas y en Jaén, autorizarlas

El PGOU jiennense ha regularizado de una tacada 5.000 viviendas

En Córdoba se calcula que hay alrededor de un centenar de parcelaciones ilegales que suman unas 6.000 viviendas repartidas entre la sierra y sus faldas, lindando algunas con el mismo río. Son estas las que sufren regularmente la fuerza del agua, pues se construyeron de manera irregular en zonas inundables. Estas urbanizaciones forman parte del grupo de parcelaciones que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003 considera como irreconducibles, al encontrarse en zonas de especial riesgo o por asentarse en lugares de especial protección (como las del entorno de Medina Azahara, área declarada Bien de Interés Cultural).

A pesar de su inviabilidad, muchas de ellas se acogieron a los planes especiales del medio rural para dotarse de asistencias básicas como los servicios de luz y de agua. Ello terminó agravando el problema, pues asentaba más las poblaciones en aquel territorio.

El resto de las zonas donde hay parcelaciones, pero que no están sujetas a ningún nivel de protección, se declararon áreas que pueden ser urbanizables a través de planes específicos.

En Jaén, el pleno municipal aprobó el pasado mes de noviembre la inclusión en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de las 5.000 viviendas, la mayoría de segunda residencia, construidas en las últimas décadas en las zonas próximas a los ríos y en la periferia.

El Ayuntamiento ha contado con la complicidad de la Junta de Andalucía, que ha indultado 142 chalés para los que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ordenó su demolición por ocupar el dominio público hidráulico. Los nuevos informes determinan que sólo habrá que demoler una vivienda y otras 12 sufrirán derribos parciales.

El PSOE y el Partido Popular, en la oposición, se han unido para acometer esta legalización masiva, que rechaza Izquierda Unida, socio de gobierno de los socialistas, por la fórmula elegida, en concreto por la catalogación como suelo urbano consolidado.

De este modo, los propietarios únicamente pagan los gastos de los servicios comunes (agua o luz), pero no tendrán que asumir los gastos de urbanización (viales, zonas verdes, etc.) ni ceder al Ayuntamiento el 10% de los aprovechamientos urbanísticos, algo preceptivo en caso de ser suelo urbano no consolidado.

Es otra de las diferencias con relación a Córdoba, donde los proyectos sí están costeados por los dueños de las viviendas, aunque es cierto que ninguna de las actuaciones ha culminado todavía.

Lo que ocurre es que la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, cuyo departamento tiene la última palabra para aprobar el PGOU, vertió el pasado jueves un jarro de agua fría al Ayuntamiento jiennense al recordarle que no podrán legalizarse las viviendas que estén en zonas protegidas o inundables y, en todo caso, cuando sí sea posible acometer su regularización deben ser los vecinos los que contribuyan al pago del coste de las infraestructuras y equipamientos. Es decir, todo lo contrario a lo aprobado por el pleno jiennense.

Pero, la alcaldesa jiennense, Carmen Peñalver, dice que lo aprobado se hizo con "criterios técnicos y respeto a la ley". El gobierno de Jaén quiere ahora que sean las distintas consejerías de la Junta las que informen qué viviendas están en zona protegida y cuáles no. "Y los vecinos que tengan viviendas en esas zonas tendrán que asumir la urbanización", apuntó Peñalver, que puso como ejemplo la legalización de la barriada de Valdeastillas, cuyos vecinos tuvieron que pagar los costes y ceder suelo a la ciudad.

Otra incógnita son los expedientes abiertos por la justicia por construcciones ilegales. En concreto, hay medio centenar de órdenes de derribo y más de un centenar de procedimientos abiertos, aunque tanto los vecinos afectados como el propio Ayuntamiento creen que la regularización de las viviendas acabará también con la amenaza jurídica.