La Xunta desiste de 68 pleitos para facilitar terrenos a Mitsubishi
Los promotores del polígono ya han invertido en él más de 100 millones
La Xunta está retirando los 68 recursos de casación que interpuso en 2009 ante el Tribunal Supremo (TS) contra otras tantas sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que reconocían los derechos mineros a los expropiados de la Plataforma Logística Industrial Salvaterra-As Neves (Plisan) que los reclamaron y cuyo valor se cifró en 7,7 millones de euros. Estos derechos fueron reconocidos por los promotores en 2008 y su impago motivó un encierro de los afectados en el ayuntamiento de Salvaterra durante seis meses, dentro de una campaña de movilizaciones para reclamarlos.
La decisión de desistir de los citados recursos de casación fue adoptada en el Consello da Xunta del pasado 11 de noviembre, previamente a la modificación de la Lei do Solo a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos y en tanto se tramita la modificación puntual del plan sectorial que creó el polígono, tras su anulación por el TS en junio. Todo ello, con la voluntad de dotar la oferta de terrenos para la fábrica de baterías de litio de Mitsubishi de una seguridad jurídica que, no obstante, la Xunta no garantiza, ya que el veredicto sobre el cumplimiento de la sentencia anulatoria del TS del polígono corresponderá al TSXG. En este contexto jurídico cabe interpretar que el Gobierno gallego haya retomado el desarrollo del polígono empresarial de Tomiño, que paralizó en junio, como "posible alternativa" de la Plisan para Mitsubishi.
La modificación del plan sectorial reduce un millón de metros de suelo
La única superficie utilizable ahora sería la que pertenece a la Xunta
Todo parece ir a trompicones en ese polígono de Salvaterra que tantas veces se presentó como el segundo más grande de España (419 hectáreas). Desde que se anunció su creación, en 2000, todos los grupos políticos coincidieron en subrayar su alto valor estratégico: por la urgencia de suelo empresarial en el sur de Pontevedra, para evitar rellenos portuarios en Vigo y por la idoneidad de su emplazamiento, en el centro de la Eurorregión. Pero la ejecución del proyecto está aún lejos de responder a esas expectativas.
El plan sectorial que puso en marcha el polígono se aprobó en 2002 para que estuviera funcionando en 2011, fecha a la que se llega, sin embargo, sin que sea posible, tras la sentencia anulatoria del TS, certificar su propia existencia.
El primer problema afloró con la tasación conjunta del expediente expropiatorio, que hubo que repetir. Los adjudicatarios de esa tarea ignoraron las advertencias de los propietarios y la realizaron en función de un catastro que se demostró desfasado: no reconocía la existencia de más de 2.000 fincas, un tercio de las existentes, que pasaron de 4.000 a las 6.238 que formaron el polígono. Ahora la modificación puntual promovida por Medio Ambiente como respuesta a la sentencia del TS, actualmente en fase de integración de alegaciones, reduce su dimensión originaria en un millón de metros.
El asunto no ha salido de los tribunales desde que entró -con un acompañamiento paralelo de movilizaciones vecinales- por la valoración de los bienes expropiados. Los promotores (Autoridad Portuaria de Vigo, titular de 236 hectáreas, el 61%; Zona Franca, de 87 hectáreas, el 21%, y Xunta, 75 hectáreas, el 18%) se enrocaron en una oferta de seis euros el metro cuadrado y los afectados no les han perdonado la arrogancia del desembarco ni que esta derivara luego en desalojos manu militari contra las reglas pactadas.
Los terrenos fueron finalmente expropiados a nueve euros el metro cuadrado, el justiprecio fijado por el Xurado de Expropiación de Galicia. Pero para entonces ya estaban los ánimos envenenados y, entre otras, se emprendió la batalla por los derechos mineros.
La Comisión de Seguimiento de la Plisan -formada por tres miembros de la Autoridad Portuaria, tres de Zona Franca y dos de la Xunta- acordó pagarlos, en uso de sus facultades y tras sentencia del TSXG, en diciembre de 2008. En julio siguiente, con la nueva Xunta, entendieron que aquel acuerdo no era vinculante y presentaron los recursos ante el TS que ahora se retiran.
En total, los promotores han pagado ya por los terrenos 43,3 millones de euros, a los que hay que sumar ahora los 7,7 millones de los derechos mineros. Además, la Autoridad Portuaria realizó un movimiento de tierras presupuestado en 20 millones y el enlace con la autovía Rías Baixas se adjudicó en 18 millones. Todo lo cual, con otros gastos menores, certifica el consumo de más de 100 millones de euros, sin contar, ni total ni parcialmente, los 36,3 millones aprobado por la Xunta bipartita para urbanización y construcción de servicios generales, ya que las obras fueron paralizadas por el actual Gobierno, y otras aportaciones imprecisas.
La zona forestal de protección que motivó la sentencia anulatoria del TS deja a Zona Franca sin apenas suelo en el polígono y la perteneciente a la Autoridad Portuaria de Vigo, pese a sus dimensiones, tampoco estaría disponible en lo inmediato ya que, por una parte, alberga las instalaciones perdurables (hasta 2020 al menos) de las empresas de áridos y, sobre todo, sus suelos no están estabilizados, es decir, aptos para la edificación. De manera que el único solar practicable para Mitsubishi (150.000 metros cuadrados)serían las 75 hectáreas de la Xunta, con permiso del TSXG.
Las empresas se van, quedan mil pisos vacíos
En enero de 2006 la empresa Infinita Renovables presentó un proyecto para ocupar en dos fases 91.000 metros cuadrados de la Plisan con una fábrica que transformaría aceites vegetales en combustible. La Autoridad Portuaria de Vigo -entonces presidida por Abel Caballero- se comprometió a construir el necesario oleoducto desde Vigo hasta el polígono y todas las Administraciones implicadas aplaudieron y dieron su conformidad al proyecto. Pero año y medio después, en julio de 2007, la empresa comunicó su abandono del mismo, que trasladó a Ferrol, porque, pese a las buenas palabras de todos, nadie había movido un papel y no se había iniciado ni un solo trámite para ponerlo en marcha, ni siquiera la licencia de construcción por parte del Ayuntamiento de Salvaterra. Al menos otras tres grandes empresas -dos del metal y otra de transportes- comunicaron también su decisión de asentarse en el polígono: dos acabaron instalándose en Portugal y la tercera abandonó su proyecto por causa de la crisis, según fuentes del BNG.
El fracaso de objetivos de la Plisan tiene esos referentes y el de un nuevo relleno en Vigo, que el polígono estaba llamado a evitar. También se hace tangible el de la política del alcalde de Salvaterra, Arturo Grandal (PP), quien, previendo un desembarco masivo de personal en el municipio al socaire del polígono, prodigó las licencias de construcción de más de 1.000 viviendas -edificadas con financiación, sobre todo, de Caixanova- que ahora, vacías, contribuyen a dar a la villa un aire fantasmal.
El Tribunal Supremo anuló el plan sectorial del polígono por ocupar 70 hectáreas protegidas y renunciar los Ayuntamientos de Salvaterra y As Neves al 10% del aprovechamiento urbanístico que les correspondía. Con la modificación puntual que se acomete para superar esa sentencia y sus otras iniciativas, la Xunta no despeja el futuro inmediato del polígono, como demuestra el hecho de que no lo dote de presupuesto plurianual -solo cinco millones de euros en 2011-, como tampoco al de Tomiño -nueve millones-, cuyo desarrollo retoma como alternativa para Mitsubishi tras pararlo en junio.
