Columna
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El argumento de la calle

Volvamos por unos momentos a las cuevas de Atapuerca. Eran los primeros meses después de la muerte de Franco, sucedida el 20 de noviembre de 1975, antes de que caducara la vigencia del nombramiento del presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcárcel. Por unos días fue imposible su continuidad en la que tantas esperanzas tenía lo más granado del búnker con Girón de Velasco a la cabeza. Por ahí se abrió la primera fisura, que permitió al Rey el nombramiento de Torcuato Fernández Miranda como relevo. Carlos Arias Navarro fue confirmado en la Presidencia del Gobierno y Manuel Fraga pasó a ser vicepresidente primero y ministro de la Gobernación. Las fuerzas democráticas planteaban sus exigencias de apertura y entonces Fraga hizo gala de sus reflejos elementales, metió en la cárcel a unos cuantos dirigentes de la Platajunta y lanzó aquel grito pretencioso de ¡La calle es mía! Todavía estábamos sin elecciones y la calle podía discutir ventajosamente su legitimidad frente a unas instituciones inviables.

El PP exige transparencia al Gobierno de la nación y es opaco en los autónomos, y viceversa el PSOE

Para desencanto de los hispanistas, nuestro país dejaba de alinearse con las exasperaciones unamunianas y prefería apostar por el aburrimiento de las elecciones generales libres cada cuatro años. Recuerdo a un buen amigo mío replicar indignado a Paul Preston cuando intentaba por aquellos días recriminarnos la elección de un camino, el democrático, que acarrearía, en su opinión, la pérdida del interés sostenido logrado por la España trágica y guerracivilista, a cuya costa tantos méritos académicos se habían conseguido y tantos éxitos editoriales se habían culminado. Empezábamos a dejar de ser una rareza. Las intentonas golpistas y las terroristas se extinguían y se instalaba la alternancia en el poder. Pero quedan algunas inercias peligrosas, resultado de impaciencias mal digeridas. Los socialistas estuvieron afectados por ese síndrome desde la derrota de 1979 hasta que fue indudable su victoria en 1982. Los populares lo padecieron desde la derrota de 1993 hasta que se hicieron con el poder en 1996.

En ambos casos, la pugna política estuvo centrada en la destrucción personal de quien ocupaba la presidencia del Gobierno. Los socialistas querían romper el póster de Adolfo Suárez porque sabían que a cualquier otro adversario le ganarían mejor. Años después, los populares de Aznar buscaban la destrucción de Felipe González y proclamaban el "vale todo", incluida la lucha antiterrorista, para obtener ventaja electoral. Cuando, a partir del congreso del año 2000, el PSOE hace un ajuste de cuentas y se abre a un nuevo liderazgo, José Luís Rodríguez Zapatero propugna que al PP mejor que darle caña había que darle ejemplo. Se dedica a proponer toda suerte de pactos "por las libertades y contra el terrorismo", "por la justicia", "por la educación" y así sucesivamente. Entonces, algunos erraron llamándole Bamby. Después vino el desatino de la guerra de Irak y al final Zapatero acabó en la calle sumado a la protesta que dibujaba la soledad del Gobierno aznarista del PP.

Ahora, el aspirante es Mariano Rajoy, que se fuma un puro en la seguridad pronosticada por Pedro Arriola, su consejero áulico, de que haciéndose el muerto el viento de la historia le llevará a la playa de La Moncloa. Nada de hacer propuestas, se trata solo de proponerse a sí mismo como la solución y dejar a los energúmenos de las propias filas que rompan a placer todos los consensos en línea de cuanto peor, mejor. Todavía hay una asignatura pendiente: que la calle se incendie contra Zapatero como ha sucedido en París, en Londres, en Atenas, en Dublín o en Bruselas. Quieren esa prueba gráfica cuanto antes fiados en su fuerza argumental.

Sabemos que en una democracia parlamentaria, cada uno debe atender a su juego. Así, la oposición debe aplicarse al cumplimiento de su obligación de controlar, criticar, desconfiar, interrogar, someter a escrutinio permanente al Gobierno. Pero sin olvidar que el poder está muy distribuido, según esferas de diferente radio -nacional, autonómico, municipal-; que quienes gobiernan se alternan en los distintos niveles y quienes están en la oposición también están en los Gobiernos. En resumen, que a un mismo partido le pueden corresponder de modo simultáneo funciones de poder o de oposición, según de qué escala y de qué área geográfica particular estemos hablando. De manera que, por ejemplo, encontremos al PP exigiendo transparencia al Gobierno de la nación y ofreciendo por el contrario opacidad en los Gobiernos autonómos o municipales y viceversa con el PSOE. Porque una cosa es predicar y otra, dar trigo, pero hay que hacer las dos funciones a la vez, no vaya a ser que la gente se fije.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 14 de diciembre de 2010.

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