De la Oliva se compromete contra la corrupción y por el servicio público

Pilar de la Oliva Marrades es desde ayer la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Ratificó en el acto de toma de posesión su "firme compromiso con todos los ciudadanos para luchar por una justicia mejor, más rápida y más eficaz". Lo hizo ante cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar, sus compañeros magistrados y autoridades civiles y militares en una ceremonia solemne en la que fue apadrinada por Manuel Almenar, vocal del CGPJ.

El suyo fue un discurso breve, no llegó a los 10 minutos. Estuvo centrado en la necesidad de acercar la justicia a los ciudadanos, de que sientan que en los tribunales "se resuelven sus problemas". Reconoció en su intervención que los medios son escasos y la voluntad tiene que ser mucha. Por eso, pidió "a los responsables políticos que coloquen a la Administración de Justicia entre sus prioridades". Para De la Oliva, "ese compromiso debe ser real, tangible y traducido en inversiones y mejoras concretas".

Según ella, la recompensa está clara: "Una Administración que invierte en Justicia contribuye a la mejora de su sociedad, y más en momentos en que la crisis económica está castigando a muchos ciudadanos". Su primer objetivo es poner en marcha la oficina judicial. La consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, que no acudió al acto, reconoció hace unas semanas no haber cumplido los compromisos que hizo públicos para 2010 precisamente para la nueva oficina judicial. Hizo varias menciones, entre ellas, a preguntas de los periodistas, a José Flor, instructor del caso Gürtel, al que dio su respaldo."Invertir en Justicia es invertir en libertad y en paz social, pero también en eficiencia y progreso económico. Es invertir en el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad". Así se expresó ayer Pilar de la Oliva en su discurso. Lo dijo delante de quienes toman las decisiones. Y añadió: "Vamos a estar a la altura de las circunstancias". No quiere más jueces. Quiere mejores mecanismos para ser más eficientes. No quiere más juzgados. Necesita mayor flexibilidad y más compromiso. Pidió el de sus compañeros, el de los fiscales, los secretarios judiciales y todos los funcionarios. Se acordó de los que han trabajado con ella más de 20 años en el juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, que está al día y en el que no hay bajas que ponggan en riesgo el normal funcionamiento.

De la Oliva tiene 53 años. Es valenciana. Está casada. Tiene dos hijos. Es juez desde hace 28 años. Su padre fue presidente de la Audiencia de Valencia. En la misma sala de vistas que él usaba, ayer cogió el testigo de Juan Luis de la Rúa, que estuvo silencioso y distante, al decir de algunos de los que acudieron.

A todos ellos, les dijo que hay cosas que arreglar. "Tengo confianza en que el funcionamiento de la actividad jurisdiccional en nuestra comunidad se puede mejorar. Y vamos a hacerlo". A los que buscan excusas en la carga de trabajo para no avanzar en la eficacia, les mandó un mensaje: "Cuando ingresamos en esta profesión, nadie nos dijo que iba a ser cómoda o fácil". Necesita impulsar la mediación, el arbitraje y la conciliación. Cree que es preciso liberar a los juzgados de tener que abordar conflictos cuya vía más adecuada es, a su juicio, otra bien distinta. Ayer, reivindicó en varias ocasiones el papel de los jueces como elementos de confianza para el ciudadano. Y sobre todo, los primeros que reciben las denuncias de los ciudadanos. "No caigáis en el desánimo, por grande que sea la carga de trabajo y, a veces, la falta de reconocimiento a vuestra dedicación".

De la Oliva pidió el compromiso de todos para la justicia en la Comunidad Valenciana. "No es ayudarme a mí, es ayudar a los ciudadanos. Si trabajamos juntos, llegaremos más lejos y más rápido". Fue prudente en las respuestas a preguntas de los periodistas. Insistió en el mensaje del servicio público, se refirió a su antecesor, Juan Luis de la Rúa, el magistrado al que el presidente Francisco Camps señaló como "más que amigo", como un "magnífico magistrado". No valoró el caso Gürtel, que dijo no conocer, y aseguró que "la transparencia es el mejor argumento" para desprenderse de la imagen de tribunal politizado que tiene la sociedad del TSJ.