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El PSM estudia llevar la nueva Ley del Suelo al Constitucional

Los socialistas creen que la norma favorece a los promotores

Jesús Sérvulo González

El Gobierno regional se rectifica a sí mismo. Ha presentado una enmienda de última hora a la Ley de Acompañamiento para eliminar la obligación de los promotores de vivienda de ceder el 20% del suelo a la Comunidad. Con esta decisión, pretende eliminar las redes supramunicipales, aquellos terrenos que recibía para destinarlos a equipamientos públicos. Por ejemplo, sobre estos suelos se ha construido parte del Cercanías de Navalcarnero, o tramos de la M-45. La norma no afectará a los terrenos ya cedidos. En la región hay unos 16 millones de metros de redes supramunicipales.

Los socialistas consideran que con esta ley se favorece a los promotores que dejarán de entregar suelo para fines sociales y se beneficia la Comunidad porque ahora podrá venderlos para financiar otras inversiones. El diputado socialista Antonio Fernández Gordillo sostiene que "Aguirre está traspasando el problema de la futura escasez del suelo a los Ayuntamientos". Gordillo explica que los PAU de Madrid (Las Tablas, Sanchinarro...) serían colmenas de edificios sin la norma que ahora se elimina. Por eso, afirma que el PSM se plantea paralizar la enmienda y estudian recurrir al Constitucional. La consejera de Vivienda, Ana Isabel Mariño, reconoce que se trata de "liberalizar el suelo y eliminar un impuesto revolucionario". Mariño dice que los cambios se hacen para desarrollar el plan 45.000, por el que pretende crear una red social de vivienda en alquiler, junto al sector privado.

Actualmente, las cesiones gratuitas ascienden a 120 metros cuadrados por cada 100 construidos. Con la enmienda del PP, se eliminan 20 de esos metros, pero aún queda la obligación para los Ayuntamientos de reservar 100 metros para redes generales y locales cuando desarrollen su urbanismo. "En el barrio de El Espinillo, en Villaverde, las dotaciones sociales suman 150 metros por cada 100 construidos; en Las Rosas, en San Blas, son 224 metros; o en Los Llanos de Hortaleza, 225 metros. Ahora solo habrá 100 metros para equipamientos que serán aportados por los Ayuntamientos", concluye Gordillo. Mariño considera que "ya se ha cumplido una etapa en el urbanismo. Nuestro suelo ya está cargado". Mariño prosigue: "Queremos una nueva ley menos intervencionista para reactivar el sector inmobiliario".

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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