De guerras y refugios

El secreto y la confidencialidad. Esas han sido las máximas con las que se ha movido la Ciudad de la Luz. Un proyecto impulsado por Eduardo Zaplana, que firmó con Aguamarga un contrato en el año 2000 para el asesoramiento y explotación de los estudios cinematográficos, y que se renegoció al alza en 2004 y 2005 -ya bajo la presidencia de Francisco Camps- para la puesta en marcha de las instalaciones alicantinas en 2006.

Ciudad de la Luz aduce ahora, como uno de los motivos de ruptura unilateral del contrato, que el accionariado de Aguamarga ha cambiado sin el consentimiento de la Generalitat. Extremo que los actuales gestores de Aguamarga consideran infundado, dado que los accionistas de la empresa son, a su vez, otras sociedades que siguen manteniendo su presencia.

Son empresas que participan de Aguamarga y en las que sí se han producido cambios. Cambios que han posibilitado la llegada de un nuevo consejero delegado en Aguamarga que no es plato de gusto para Ciudad de la Luz. Aunque lo cierto es que los mismos contratos que sirvieron para blindar la concesión de la gestión de los estudios cinematográficos, ahora sirven a los nuevos gestores para resistir ante lo que consideran una ruptura unilateral.

El conflicto llega, además, en una difícil coyuntura económica, que no ha impedido a Ciudad de la Luz mantener una plantilla en la que figuran no pocos familiares de altos cargos del Partido Popular -vinculados a Benidorm o relacionados con algunos de los consejeros alicantinos- y ex cargos como el antiguo jefe superior de policía de la Comunidad Valenciana Alejandro del Valle, que ocupó el cargo en la época de Juan Cotino como director general de la Policía, y que ahora ejerce de jefe de seguridad de Ciudad de la Luz.