Una norma obliga a ancianos a pasar cursos para obtener ayudas agrarias

Ana Orta García no ha podido asistir a los cinco días de cursos y al examen convocado a 90 kilómetros de su casa. Una normativa de la Unión Europea adoptada literalmente por la Junta le exige que pase la prueba si quiere optar a una ayuda. Sin embargo, tiene 99 años y no se encuentra bien. Lo mismo le pasa a María Izquierdo. Son las titulares de explotaciones agrarias y la norma les obliga a superar las pruebas. Los responsables de formación de Agricultura han pedido una reunión para buscar soluciones.

Algunos agricultores creen que la publicación de la orden es la evidencia de una administración que no piensa en los usuarios y que multiplica los trámites. "Voy a pasar tres inspecciones diferentes de tres organismos de la misma consejería, cada semana tengo que desplazarme para registrar uno por uno cada animal que nace y tenemos que ir a los bancos a hacer ingresos que todo el mundo hace ya por Internet. Nos tienen aburridos", se queja Rafael Molina, gestor de tres fincas en Sevilla y uno de los afectados por la normativa de los cursos.

"Las normas son las normas", responden a una nonagenaria convocada a examen

La orden que ha generado la polémica está incluida en el Plan de Desarrollo Rural. En esta normativa se fijaban las bases para acceder a subvenciones para explotaciones de agricultura ecológica. Una de ellas vincula la concesión de la ayuda a que sea el titular de la propiedad quien supere las pruebas. Pero en el campo andaluz, ya de por sí caracterizado por el envejecimiento de sus trabajadores, se mantiene la propiedad de la tierra, aunque la gestión recaiga en los hijos o en terceros.

Es el caso de María Ortega, hija de la titular nonagenaria de una de las explotaciones de Sevilla que ha solicitado la ayuda. Ella ha superado el curso, pero no sabe si podrá disponer de la subvención porque en la Consejería de Agricultura le han respondido, según afirma, que "las normas son las normas".

Javier de las Nieves, director del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) ha reaccionado de inmediato y ha solicitado una reunión para poner soluciones. Entiende que se puede interpretar la norma de tal forma que permita a los verdaderos gestores pasar las pruebas, independientemente de los titulares de la explotación.

Los agricultores también se quejan de la imposibilidad de realizar los cursos a distancia, de que las pruebas son después de los cinco días de formación y en otro lugar, originando nuevos gastos, y de que no se tiene en cuenta la experiencia.

De las Nieves afirma que están dispuestos a revisar todos los aspectos, pero advierte de que la propia norma establece un sistema de convalidación de experiencias y formación previa, así como de la cada vez mayor oferta de teleformación.

Los cursos dedican más días a la producción agraria y menos a la ganadería y a la apicultura. El director del IFAPA afirma que están obligados a dar cursos genéricos sobre producción ecológica y, ante la queja de los ganaderos, afirma que este desfase se intenta compensar.

Los esfuerzos de De las Nieves sí son aceptados por José Antonio Moreno, de Loja (Granada), y los más de 20 integrantes de su asociación, que acaban de superar los cursos y que afirman estar absolutamente satisfechos.

El presidente de la asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, Francisco Casero, que ha canalizado las quejas de los usuarios destaca la buena disposición de los responsables de formación y ha reclamado ahora por carta una actitud similar de los responsables de las ayudas en la Consejería de Agricultura para solucionar los conflictos.

Finalmente, ante las quejas por la falta de herramientas informáticas para gestionar explotaciones, Agricultura recuerda la existencia de la plataforma telemática Siggannet, que permite realizar trámites reglamentarios sin necesidad de acudir a las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA).