Un 'pelotazo' de 6,3 millones abre hoy el juicio del 'caso Malaya'

Se acabó la espera. El juicio del caso Malaya, la mayor trama de corrupción municipal de la historia de España, destapada en Marbella en marzo de 2006, se inicia hoy, salvo sorpresa de última hora, en la Ciudad de la Justicia de Málaga. Tras el prólogo de las cuestiones previas -diez sesiones en el que los defensores de los 95 procesados trataron en vano de anular la investigación alegando que se vulneraron los derechos de sus clientes- la Sección Primera de la Audiencia Provincial entra, por fin, en contenido.

Y lo hace a lo grande. La vista oral se inicia con la declaración del supuesto cerebro de la trama, el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca, el hombre por el que pasaban todas las decisiones municipales tras la muerte de su mentor, el exalcalde marbellí Jesús Gil. El macrosumario se ha dividido en bloques, en función de los distintos hechos delictivos y Roca, de 57 años, empezará a responder por la llamada operación Crucero Banús. Esta recalificación, supuestamente orquestada por el exasesor urbanístico y el exconcejal del Grupo Independiente Liberal (GIL) Pedro Román, reportó unos beneficios de al menos 6,33 millones de euros a los cuatro socios que participaron en ella.

El interés de la jornada radica en si Roca colaborará con la fiscalía

Sin embargo, el interés de la jornada no estriba tanto en las explicaciones sobre este caso particular que dé el exasesor como en el hecho de si acepta los cargos y decide colaborar con la justicia. Roca es el único de los 95 procesados que continúa en prisión -tiene una condena firme de seis años por el llamado caso Saqueo-. Además, en las últimas semanas han circulado las especulaciones sobre posibles negociaciones con la fiscalía para "tirar de la manta" a cambio de una rebaja en los 30 años de cárcel que pide para él el ministerio público por blanqueo, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho.

Por eso, aunque el tribunal, presidido por José Godino, ha permitido a los procesados no directamente afectados por la operación Crucero Banús ausentarse del juicio, todos los imputados tienen razones para estar pendientes de lo que declare hoy Roca.

El viernes pasado se conoció que el tribunal había decidido rechazar todas las cuestiones previas planteadas por las defensas. Ese trámite preliminar, despachado con gran celeridad, entre otros motivos porque la asistencia era obligatoria para acusados y letrados, dio alas a la sala para señalar el inicio del juicio propiamente dicho antes de finalizar 2010. La vista oral se celebrará en jornadas de lunes, martes y miércoles aproximadamente durante un año, según fuentes judiciales.

En la operación Crucero Banús, según el fiscal, Pedro Román y Roca se concertaron en octubre 2001 con el excomisario del Cuerpo Nacional de Policía Florencio San Agapito y el abogado Juan Germán Hoffmann para adquirir por unos cuatro millones de euros una parcela para uso de equipamiento comercial y 532 metros cuadrados de superficie edificable. Los procesados supuestamente se aprovecharon de la situación de poder de Roca en el Consistorio para obtener, mediante un convenio urbanístico celebrado el mismo día de la compra del terreno, la recalificación de la parcela, que pasó a tener uso residencial y 11.406 metros cuadrados edificables.

El cambio de uso supuso una fuerte revalorización de la parcela. En octubre de 2002, los socios vendieron la parcela por 10,4 millones de euros al constructor granadino José Ávila Rojas. El reparto del dinero, a través de Suiza y de fundaciones opacas en Liechtenstein, se hizo en función de la participación de cada socio en la compra de la parcela: Pedro Román tenía el 62,5%, Roca y San Agapito un 15% cada uno, y Hoffmann poseía el 7,5% restante.

El convenio que permitió la recalificación de la parcela fue suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Los socios, además, no declararon la compraventa de los terrenos a Hacienda: el fiscal les acusa de defraudar al fisco un total de 2,6 millones de euros.