El PSOE flexibiliza su postura sobre la jubilación para atraerse al Congreso

La edad de jubilación está poniendo a prueba la capacidad del Parlamento para responder con celeridad a la crisis. A poco más de un mes para que el Gobierno presente la reforma de las pensiones, el Pacto de Toledo, que desde 1995 negocia las reformas del sistema público, se dispone a abordar ahora el asunto más espinoso: la edad de jubilación.

Aunque los diputados no lo tratarán oficialmente hasta la próxima semana, las reuniones preliminares apuntan hacia una redacción flexible como clave para conseguir un acuerdo entre los grupos políticos. El PSOE estaría dispuesto a admitirlo a cambio de un pacto amplio, según distintas fuentes parlamentarias.

Los diputados socialistas saben que el Gobierno no pierde de vista el referente de los 67 años como nueva edad legal de jubilación. Pero aspiran a que las recomendaciones del Pacto de Toledo -a las que el Ejecutivo espera para desvelar su propuesta final- incluyan dosis de flexibilidad suficientes como para acoger a la mayor parte del arco parlamentario. "El aumento forzoso de la edad de jubilación es el único escollo relevante", resumió el portavoz del Partido Popular en el Pacto de Toledo, Tomás Burgos, tras la reunión celebrada ayer.

Los grupos políticos celebran reuniones discretas para propiciar el pacto

La mayor incógnita reside en la decisión final de este grupo. Burgos avisó de que no tolerará generalidades, sino que exigirá "que la redacción del acuerdo refleje muy explícitamente la voluntad de la Cámara". Otros grupos, esencialmente CiU y PNV, se muestran más abiertos a llegar a un acuerdo basado en una redacción abierta de la edad de jubilación. "Debe poner el acento en la flexibilidad y la voluntariedad. Si es así, habrá acuerdo", anticipa Carles Campuzano, de CiU.

En cualquier caso, el tiempo apremia. El rígido formato del Pacto de Toledo ha conducido al absurdo de que, pocos días antes de que se cumpla la fecha límite en la que deberían estar cerradas las recomendaciones, las cuestiones más relevantes no se hayan abordado. Al menos oficialmente porque los grupos están intentando, lejos de los focos, allanar el terreno en cuestiones tan cruciales para el sistema como la edad de retiro, el periodo de cómputo de la pensión y las prestaciones de viudedad. El elemento que más adhesiones ha concitado en estas reuniones paralelas ha sido la necesidad de calcular la pensión según un periodo cotizado más amplio del que se toma hasta ahora (los 15 últimos años).

Oficialmente, todos los grupos se muestran convencidos de que habrá acuerdo antes de enero. "Con dos o tres sesiones más como las de hoy [por ayer], será posible", expresaba Isabel López i Chamosa, portavoz socialista en el Pacto de Toledo. Más escéptico, Emilio Olabarría, del PNV, ponía en duda la utilidad del trabajo de esa comisión cuando el Ejecutivo ya tiene decididos los ejes de su reforma.

Más que el dictamen del Pacto de Toledo, que no deja de ser un listado de recomendaciones, el Parlamento tiene en sus manos una llave fundamental: el Ejecutivo pretende tramitar la reforma de las pensiones, que presentará el próximo 28 de enero, como proyecto de ley. Y necesitará pactar con otros grupos para sacarla adelante.