El Consell grava la venta de pisos de forma irregular desde 1997

La Generalitat grava las transmisiones patrimoniales con un impuesto del 7% sobre el valor que figura en las escrituras de compra y venta de bienes inmuebles. Y desde 1997 instruye a los notarios sobre los valores mínimos aconsejables para evitar inspecciones. Cuando los contribuyentes no se ajustan a esos valores mínimos y declaran que han ingresado menos de lo que estima la Hacienda autonómica, el Consell les presenta liquidaciones alternativas. Desde hace más de una década, los jueces han fallado sistemáticamente a favor de los contribuyentes que han recurrido la liquidación autonómica porque las tasaciones alternativas que estima la Generalitat se basan en criterios genéricos y no en informes periciales argumentados y contrastables. Después de acumular 8.000 sentencias en contra, el Consell aprobó a principios de año "un nuevo dictamen de valoración de inmuebles" para "dar respuesta a los requerimientos efectuados en los fallos y sentencias del Tribunal Económico Administrativo Central y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana". La Generalitat asume así que ha gravado de forma irregular las transmisiones patrimoniales desde 1997.

El problema recae en quien no tiene medios para recurrir a los tribunales

Marí: "Es imposible comprobar el valor de todos los inmuebles en venta"

La fórmula utilizada hasta enero pasado consistía en recomendar a los notarios que multiplicaran por un coeficiente variable el valor catastral de los inmuebles objeto de compra o venta.Las notarías de toda la Comunidad Valenciana recibían desde 1997 una serie de coeficientes a aplicar al valor catastral de los bienes inmuebles para ajustar el precio de las transacciones al valor real de mercado y evitar fraudes. En la ciudad de Valencia, por ejemplo, la Consejería de Economía aconseja multiplicar el valor catastral por dos y pico con variaciones de décimas en determinadas zonas. En Burjassot, la recomendación a los notarios es multiplicar el valor catastral por tres para adaptar el precio a la realidad. Los coeficientes varían en función del municipio y del año de transmisión.

Un notario sugiere que la instrucción se fundamenta en una suerte de "pacto social" porque todo el mundo asume que los valores catastrales de los inmuebles, que fijan los Ayuntamientos, no se ajustan a los precios de mercado.

El problema surge cuando un particular tiene urgencia por vender un piso, una casa, un terreno o una plaza de garaje y está dispuesto a cobrar por debajo de esos valores tipo que estima la Consejería de Economía de forma genérica. La Generalitat elabora su propia liquidación y exige un gravamen sobre el precio que estima que debe tener el inmueble vendido.

Todos los contribuyentes que han recurrido la liquidación alternativa ante los tribunales han ganado el pleito. "El problema lo tiene siempre pocaplata", apunta el mismo notario, "el que no tiene recursos para contratar un abogado o un procurador para plantear un pleito contra la Generalitat".

La Consejería de Economía emitió ayer una nota en la que reduce el calibre del problema y apunta que "durante 2009 solo fueron objeto de impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el 3% del total de dictámenes" elaborados por la Generalitat.

Según la misma nota, "desde el 1 de enero, el Consell ha venido aplicando nuevos dictámenes de valoración, que no han sido hasta la fecha objeto de enjuiciamiento". Sólo en el pasado mes de septiembre se vendieron 10.000 fincas y 5.000 viviendas en la Comunidad Valenciana, la mitad de ellas, de segunda mano, que son las susceptibles de ajustarse, o no, a las normas que establece la Generalitat.

La Consejería de Economía sugiere que con el cambio de normativa para estimar el valor real de los inmuebles "el Consell busca dotar de mayor seguridad jurídica al contribuyente, puesto que la valoración se efectúa recurriendo a módulos de valor apoyados en estudios de mercado de cada uno de los municipios, y acompañando el dictamen la documentación escrita y gráfica de los elementos que han determinado el valor".

El Consell intenta paliar así el argumento que reiteran todas las sentencias acumuladas contra sus valoraciones de inmuebles. Los jueces indican sistemáticamente que la Generalitat no argumenta ni soporta las estimaciones de precios que presenta a los contribuyentes sino que se limita a aplicar una serie de coeficientes sobre el valor catastral de forma genérica. Pero la falta de medios de la Generalitat para competir en igualdad de condiciones con cualquier compañía de tasación es patente y no la niegan ni los diputados del PP.

El portavoz de Economía del Grupo Popular, José Marí, justificó las valoraciones que realiza la Consejería de Economía porque "no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo" pese a los reveses que ha recibido del Tribunal Superior de Justicia. "La Consejería de Economía recurre a índices catastrales", prosiguió Marí, "y son pocas las condenas con costas". "Es prácticamente imposible realizar la comprobación del valor de los inmuebles dada la cantidad de transacciones anuales", sentenció el diputado.

Cristina Moreno, la portavoz de Economía del PSPV, tachó de "escándalo" y de "vergüenza" la actuación del departamento que dirige Gerardo Camps. "Tienen instrucciones de subir el valor de los inmuebles porque juegan con el hecho de que la mayoría de la gente no recurre ante los tribunales", explicó Moreno, que aseguró que sólo presentan recurso aquellos que disponen de la información y el dinero suficiente "para pagar abogado y procurador". "Economía actúa con total conocimiento de causa y nunca da explicaciones", remachó Moreno.

La diputada de Compromís Mireia Mollà lamentó la situación existente y reclamó una regulación que impida un abuso como el actual por parte de la Consejería de Economía. Mollà instó a denunciar por prevaricación a la Administración, dado que el volumen de sentencias contrarias que ha acumulado la Generalitat. "Vamos a formular varias preguntas para que se pronuncien", indicó.