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La disputa entre Caballero y Louzán amenaza con frustrar el Área de Vigo

El alcalde defiende que la Diputación y la Xunta aporten financiación

Todos coinciden en que el Área Metropolitana de Vigo, cuyo anteproyecto se encuentra en fase de alegaciones tras su presentación el pasado 25 de noviembre por el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, ha de ser un instrumento al servicio de los ciudadanos y que no duplique las Administraciones que los prestan. Pero, a partir de ahí y después de 11 años mareando la perdiz, cunde el escepticismo sobre su implantación, por las dificultades de consensuar el régimen financiero del organismo y de superar al efecto la abierta confrontación que existe entre el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, y Rafael Louzán, presidente del PP y de la Diputación Provincial, a costa de la cual se nutriría principalmente de competencias el área metropolitana.

"Entiende las instituciones como un mercadeo", dice el presidente del PP

Caballero, que inicialmente ha dado su conformidad al anteproyecto de la Xunta como "un primer paso que necesariamente hay que perfilar", propone que la Diputación "deje una vía abierta para su desaparición como organismo en los municipios que formen parte del Área". Además, según sus tesis, el Área no puede suponer costes añadidos para los ciudadanos de los municipios que la integren, en principio 14, por lo que debe ser la Diputación quien aporte "recursos a los servicios que preste, en función del porcentaje de población" de esos municipios.

Tales recursos serían determinantes en la financiación de servicios como el transporte metropolitano, el turismo y las actividades culturales, añade Caballero, disparando a competencias, singularmente turismo, cultura y deporte, cuya gestión le resulta muy gratificante al presidente provincial.

Louzán acusa al alcalde vigués de boicotear el proyecto con tales planteamientos, porque, según él, "entiende las instituciones como un mercadeo". "Antes de hablar de suprimir competencias de la Diputación habría que abordar un estudio riguroso de la racionalización del sector público en España", añade en su defensa de que no se dupliquen competencias y servicios "y que se aborde este asunto con seriedad y con consenso entre todos los partidos a nivel del Estado". "Hoy las diputaciones están en la Constitución y para suprimirlas o reformarlas, habrá que modificarla", sostiene Louzán.

La Constitución alude a la provincia en tanto que "entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado". "Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica". Pero el Área Metropolitana no alteraría los límites provinciales de Pontevedra, sino su gobierno y administración, que se encomienda "a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo", ya que "se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia".

En el otro aspecto conflictivo, el de la financiación, la Constitución establece que las haciendas locales, en las que se incluiría la del Área Metropolitana, "deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas".

El BNG quiere potenciar las cabeceras comarcales

El actual proyecto de Área Metropolitana, según expuso Alfonso Rueda en su presentación, recoge las aportaciones que se han ido perfilando durante los últimos años y el anteproyecto que no se llegó a aprobar en 2005 "porque el bipartito lo metió en un cajón", denuncia Rafael Louzán para, al cabo, mostrar su conformidad con la manera en que lo retoma la Xunta de Feijóo, aunque "la prioridad ahora es el empleo, es lo que preocupa a la gente".

"Ya tenemos una Administración con cinco niveles y deberíamos dejar lo que no es prioritario para mejor momento", añade Louzán. "Aunque la aspiración al Área es legítima, lo fundamental es la coordinación y la definición de lo que corresponde hacer a cada Administración, porque hoy todas hacemos de todo y a veces lo mismo", concluye.

En el BNG, el teniente de alcalde vigués, Santiago Domínguez, valoró que el actual principio de acuerdo en relación con el Área "se acerque a lo que decía el Bloque", aunque "tanto PP como PSOE deben aclarar cómo quieren que se vertebre el territorio". Los nacionalistas defienden en el desarrollo de las áreas "la potenciación de las cabeceras comarcales y la supresión de las diputaciones" y dos de sus alcaldes, los de Cangas y de Moaña, Clara Millán y Xosé Manuel Millán, respectivamente, a los que la Xunta expuso su proyecto por separado, expresaron a continuación su "escepticismo" porque el plan, según ellos, presenta "muchas lagunas" y "los vecinos no van a percibir un cambio significativo ni una mejora en sus condiciones de vida".

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