Sito Miñanco dice que no se hablaba con su familia

La Fiscalía de Delitos Económicos y la Agencia Tributaria buscan pruebas sobre el origen de 5,8 millones de euros que supuestamente blanqueó el narcotraficante José Ramón Prado Bugalo, Sito Miñanco, a través de una red de sociedades propietarias de varias tiendas, cafeterías y locales de ocio en Vilagarcía que han sido embargados. Además de Prado Bugallo, también está imputada su hija, Rosa María Prado, y los empresarios de Vilagarcía Gerardo Sánchez Pérez y su hijo Gerardo Sánchez Villalba, conocidos como Los Gerardos, que aparecen en la investigación como sus presuntos testaferros.

En su declaración judicial, Sito Miñanco dijo que nada tenía que ver con estas inversiones y alegó que en los años 1999 y 2000, en los que se centra la investigación fiscal, tampoco tenía relaciones con su familia porque no se hablaba ni con su mujer ni con su hija. Respecto a Los Gerardos, declaró que solo conocía de vista a Sánchez Villalba, como cliente de alguno de los locales investigados.

La fiscalía y la Agencia Tributaria buscan el origen de 5,8 millones

Dos empresarios de Vilagarcía también están imputados por lavado de dinero

La declaración, que duró apenas una hora, estaba prevista para octubre pero al encontrarse Sito Miñanco en la prisión de Huelva, y por economía procesal, se acordó realizarla a través de videoconferencia con el Juzgado número 2 de Vilagarcía, donde se instruyen las diligencias. En el interrogatorio estuvieron presentes dos abogados, uno en el juzgado y otro que acompañaba a Miñanco en su comparecencia desde la cárcel donde se encuentra cumpliendo su segunda condena por narcotráfico desde 2001.

Además de la sociedad Gasevi, la empresa matriz y propietaria de todos los bienes, el embargo afecta también a Expansión Arosa y Kalandracas, así como las boleras Kaiser y DNI, la discoteca Kavila, el pub London o el karaoke La Bohéme. En la denuncia de la Agencia Tributaria, se afirma que existen indicios de que Prado Bugallo supuestamente utilizó a Los Gerardos para lavar capitales opacos presuntamente obtenidos en el narcotráfico. Hacienda detectó irregularidades en la contabilidad de estas empresas, como la inyección de activos financieros que por el momento no están justificados.

Sobre la base de la declaración de Miñanco y los informes de Hacienda, el fiscal Augusto Santaló decidirá si le acusa o no de un delito de blanqueo que podría suponer la petición de una condena de hasta seis años de prisión, además de una elevada multa por las cantidades defraudas. Este proceso abierto se enmarca en una serie de actuaciones que emprendió la Agencia Tributaria contra clanes gallegos implicados en el tráfico de drogas investigados desde 2007. Siguiendo el rastro de dinero negro, Hacienda ha promovido el embargo de bienes y dinero valorados en más de 150 millones de euros.

Sito Miñanco, de 55 años, fue detenido por primera vez en enero de 1991 en el contexto de la Operación Nécora y condenado a 20 años de prisión. Diez años después, cuando se encontraba en libertad condicional, cumpliendo el tercer grado penitenciario, fue implicado en el transporte de 3,7 toneladas de cocaína, un proceso por el que cumple 16 años de cárcel y multa de 390 millones de euros, fallo que ratificó el Tribunal Supremo en 2006. En 1994 inició un largo proceso judicial contra las escuchas telefónicas que autorizó el entonces instructor, Baltasar Garzón, para detenerle, y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le dio la razón. La Corte europea propinó un varapalo al juez y condenó a España a indemnizarle con 7.000 euros, intereses de demora y costas, porque las escuchas telefónicas habían violado su derecho a la intimidad.