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Los socialistas desmontan ante el fiscal la justificación de las subvenciones de Blasco

Tirado asegura en un informe que los papeles de la consejería ratifican su denuncia

"Después de este análisis de la documentación aportada por la consejería, concluimos que ratifica todos y cada uno de los supuestos de la denuncia presentada en esta fiscalía el pasado mes de octubre". Esta es la conclusión de un informe entregado por la diputada socialista Clara Tirado al fiscal anticorrupción, Jesús Carrasco, que investiga una denuncia de la parlamentaria sobre irregularidades en las subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafael Blasco.

La denuncia se refiere a dos subvenciones de 833.000 euros cada una a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) para proyectos de cooperación en Nicaragua con las que se compraron dos entresuelos con garaje en Valencia y se pagaron costosos asesoramientos. Y la documentación analizada es aquella que Blasco mismo entregó a los miembros del Comité de Ayuda Humanitaria y de Emergencia, una documentación muy similar a la que también entregó a la prensa, para sostener que su consejería, al final, no aceptó los gastos de la compra de inmuebles y solo validó el proyecto después de que la fundación, presidida por Marcial López, imputado en un caso de malversación por el que la fiscalía solicita pena de cárcel, aportara otras facturas.

El informe desmonta la argumentación de Blasco y señala que nunca debieron aprobarse las subvenciones debido a los "incumplimientos administrativos objetivamente valorables", que la Fundación Cyes nunca se presentó en red con otra organización, como era preceptivo, que nunca reunió los requisitos exigidos y que la mayoría de los fondos se gastaron en la compra de pisos y en facturas para al empresa Arcmed.

La diputada, que ya aportó en su día abundante información sobre el caso, dedica una parte del informe que ha entregado al fiscal anticorrupción a repasar los incumplimientos de los requisitos de la convocatoria de "grandes proyectos" de cooperación internacional de 2008. Unos incumplimientos que, en su opinión, demuestran que "no deberían haber sido aprobadas las dos subvenciones" por las que ha denunciado al consejero Blasco. Según Clara Tirado, la Fundación Cyes no ha acreditado experiencia en ningún proyecto de desarrollo (otra cosa son cursos o masters), ni experiencia previa de ninguna clase en Nicaragua. Tampoco ha acreditado experiencia en proyectos de abastecimiento de agua y soberanía alimentaria, objetivos a los que se dirigían las subvenciones. Por otra parte, la entidad que supuestamente había de actuar en red con la fundación, Pro-Mundis, de Granada, ni parece tener un rol efectivo en el proyecto (solo es citada en los documentos de evaluación de la experiencia firmados por la consultora Broseta-Caaz), ni tiene sede ni estructura en la Comunidad Valenciana. Mientras la Fundación Cyes no tenía personal contratado al presentar la solicitud, Pro-Mundis tenía un único trabajador en Granada.

El informe señala, además, que en la reformulación de los proyectos a la que obligó la consejería a la Fundación Cyes, para que rebajase el presupuesto inicial, siguió figurando la adquisición de una oficina técnica dentro de las acciones a realizar con la subvención, "a pesar de que la compra de inmuebles en la ciudad de Valencia incumple la normativa de la Generalitat en materia de cooperación internacional para el desarrollo". En relación con la compra de los entresuelos, cuyas facturas sitúa como rechazadas la documentación aportada por Blasco, el informe de la diputada socialista recuerda que los movimientos bancarios demuestran que los pisos se adquirieron con el dinero de la subvención.

Al entrar a analizar la lista de justificantes y facturas aportada por Blasco, cuya pretensión es demostrar que se rechazaron aquellas que se referían a la compra de los locales y se aceptaron en cambio otras hasta alcanzar el importe de la subvención otorgada, la parlamentaria asegura que la evaluación efectuada por Grant Thorton, cuyos documentos son los únicos que aparecen foliados de cuantos incluye la documentación, "contiene afirmaciones que ponen en entredicho toda la versión proporcionada por la Consejería de Solidaridad". Así, establece que el socio local o contraparte de los proyectos de la Fundación Cyes en Nicaragua, la asociación Fedicamp (Federación para el Desarrollo Integral entre Campesinos y Campesinas) certificó el cierre de los proyectos el 10 de noviembre de 2008. También certificó entonces la alcaldía de Totogalpa, municipio donde se desarrollaron, "la recepción final". Sin embargo, la documentación de Blasco incluye facturas fechadas posteriormente, que la parlamentaria del PSPV-PSOE afirma que "son irregulares". Sin embargo, anota Clara Tirado, "las facturas supuestamente no admitidas por la Generalitat encajan dentro del periodo de ejecución aportado por la evaluadora (septiembre-noviembre de 2008)". Y añade que "no existen anotaciones por transferencias bancarias como exige la normativa de la Generalitat".

El análisis de la diputada enumera hasta ocho "certificaciones de aporte comunitario" que Blasco sumó en la justificación de gastos pero que "no pueden ser tenidas en cuenta" porque obedecen al 20% del coste de los proyectos del que deben hacerse cargo las contrapartes nicaragüenses. Añade, en relación con las facturas de 208.000 euros cobradas en ambos proyectos por la empresa de informática Arcmed, que "incumplen la normativa de la Generalitat, tanto por su importe como por la partida a la que van asignadas".

En uno de los puntos del informe, Tirado llama la atención sobre el hecho, ya señalado en la denuncia que presentó, de que los dos grandes proyectos subvencionados a la Fundación Cyes "tienen un mismo presupuesto final y la misma relación de facturas pro-forma, a pesar de ser intervenciones diferentes". También asegura que la documentación aportada por Blasco "contiene informaciones tremendamente contradictorias", así como que "las omisiones de documentación por parte de la consejería son ilustrativas de las irregularidades denunciadas". Y concluye: "Con toda esta documentación podemos afirmar que se confirman todos y cada uno de los extremos de la denuncia presentada".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 5 de diciembre de 2010