La Audiencia investigará a Hernández Moltó por CCM

La Audiencia Nacional investigará a Juan Pedro Hernández Moltó por su gestión al frente de Caja Castilla La Mancha (CCM). El Juzgado Central de Instrucción número 5 de dicho organismo se declaró ayer competente para seguir las diligencias ante la denuncia presentada por seis consejeros de la citada entidad que acusan al ex presidente de la entidad de ahorros de presuntos delitos de administración desleal, falsedad contable y falsedad en documento mercantil.

El juez, Pablo Ruz, se encargará de la investigación después de que el juzgado de Instrucción número 3 de Cuenca, donde fue presentada la denuncia al estar en dicha ciudad la sede de la caja, se inhibiera y trasladara el caso a la Audiencia Nacional. Según el juez, los 7.100 millones de euros que la entidad ha precisado para ser rescatada pone en evidencia "de forma palmaria" la trascendencia de los hechos denunciados para economía nacional y el perjuicio para los depositantes y acreedores. El auto concluye que, ante eso, existen indicios suficientes para abrir la investigación.

Los 7.100 millones de rescate hacen que sea un asunto de alcance nacional

El juez ha dado traslado de la denuncia al Ministerio Fiscal antes de determinar la apertura de diligencias de investigación. Asimismo, pide a la Fiscalía Anticorrupción que remita al juzgado las conclusiones sobre la investigación abierta contra Moltó y los antiguos gestores de la entidad.

Los denunciantes son Constantino Berruga, José Miguel Imedio, Juan José Alcalá, José Aceituno, Jaime Ramos y Fernando Torres, todos representantes del PP en la entidad. El ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo ejerce su representación jurídica. La defensa de Hernández Moltó correrá a cargo de José Ángel González Franco con despacho en Madrid.

El ex diputado socialista fue destituido del cargo de presidente de CCM por el Banco de España tras intervenir CCM el 29 de marzo de 2009. Posteriormente, el regulador propuso una sanción al presidente, al director general y a los miembros del consejo de administración de distinta cuantía, que el pasado mes de julio fue ratificada por el Ministerio de Economía y Hacienda. En el caso de Moltó la multa asciende a 155.00 euros y cinco años de inhabilitación, los mismos que impuso al director general, Ildefonso Ortega, cuya multa fue de 150.000 euros.

Hernández Moltó cobró notoriedad especial cuando, siendo diputado, se convirtió en portavoz del grupo socialista en la comisión parlamentaria que investigaba el caso Ibercorp y atacó duramente al ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, implicado en el caso.