Aparici no adoptó medidas contra el vertedero ilegal, según la fiscalía

El juicio contra el vicepresidente de la Diputación de Castellón Vicent Aparici, por autorizar vertidos tóxicos en un vertedero ilegal en su etapa como alcalde de La Vall d'Uixó, entre 1995 y 2002, quedó ayer visto para sentencia. La fiscalía, en su informe de conclusiones, mantuvo, tras las dos sesiones del juicio, que el vertedero del Garrut no tenía ningún tipo de control, ni vallado, ni control de accesos y que no contaba con ninguna autorización administrativa. Además, insistió en que en el vertedero se depositaban, aparte de las basuras domésticas, vertidos tóxicos, como demostraron las analíticas en las que se hallaron altos niveles de cromo y boro. Así, situó la responsabilidad del entonces alcalde en que este "no trató de legalizar" el vertedero, que presentaba una "situación de riesgo contra la que no adoptó ninguna medida".

Entre las sustancias tóxicas que se encontraron había boro y cromo

Pese a mantener las acusaciones de prevaricación medioambiental y contra los recursos naturales rebajó la solicitud de pena de siete hasta un máximo de cuatro años y seis meses de prisión y una inhabilitación de hasta 11 años.

Por su parte, la defensa de Aparici reclamó la absolución al negar la existencia de vertidos, ya que, apuntó, estos solo pueden considerarse como tales cuando se trata de líquidos. Aseguró que el actual responsable de Medio Ambiente no contravino ninguna ley y que en ningún momento existió peligro. Además, reprodujo la declaración del ex alcalde respecto a su intención política de clausurar el vertedero, aunque este hecho no se produjo hasta 2004, cuando Aparici ya no era alcalde.

La principal base de la defensa fue un análisis de los lixiviados (restos líquidos que emanan de la propia basura) que señalaron unos niveles de toxicidad que no rebasan los límites establecidos. Sin embargo, el perito explicó que estos límites solo se establecen para determinar el tipo de tratamiento que han de seguir los vertidos e insistió en que el análisis de las muestras de los vertidos constató la presencia de metales pesados que "suponen un grave riesgo para el sistema natural" e incluso para la salud de las personas. Entre las sustancias tóxicas que se encontraron destacan los niveles de boro y cromo, un elemento que "afecta a las personas y puede generar cánceres", tal como dijo el perito.

En su declaración, el perito judicial, el ecotoxicólogo Luis Burillo, relató cómo en la inspección realizada al vertedero en 1999, este carecía de las "mínimas medidas de control" y que entre los vertidos se encontraban tanto lodos de depuradora como virutas de piel, procedentes de empresas de calzado. Asimismo, explicó que los vertidos incluso cubrían parte del cauce del Garrut (afluente del río Belcaire) por el que los lixiviados podían ser arrastrados tanto en superficie, en épocas de lluvias, como de forma subterránea, a través de los acuíferos.

La defensa descartó los argumentos del perito judicial y se acogió a los de un ingeniero de caminos contratado por el propio Aparici que visitó el vertedero el año pasado y que ha realizado un informe partiendo de los realizados en su día por distintas empresas y entidades. Este rebatió las conclusiones de Burillo, dijo que no existe ningún mecanismo de transporte de lixiviados, apuntó que no considera que se trate de vertidos al cauce porque "el cauce no lleva caudal" y afirmó que, en cualquier caso, no suponía un "desequilibrio del sistema natural".

Poco antes había declarado el ingeniero municipal, quien aseguró que cuando "observaba algo anormal" informaba al ayuntamiento. Según admitió, el vertedero "estaba sin legalizar" y aseguró que el equipo de gobierno asumió que allí se depositaran los lodos de la depuradora municipal y "de forma implícita" albergara también virutas de pieles. También reconoció que "no tenía todos los requisitos que se exigen en un vertedero controlado".

El juicio por los vertidos en el Garrut ha sentado también en el banquillo al gestor de la recogida de basuras de La Vall d'Uixó durante 1998 y 1999, para quien la fiscal pide las mismas penas de cárcel que para Aparici. Además, la fiscalía considera también responsables a los concejales responsables de Urbanismo de aquellos años, para quienes solicita seis meses de prisión por prevaricación medioambiental.