El presidente de Pakistán perdona la vida a Asia Bibi

Asif Alí Zadari cede. El presidente de Pakistán ha perdonado a la campesina cristiana Asia Bibi la condena a morir en la horca, el castigo máximo que contempla la legislación del país por insultar a Mahoma. Las voces de la comunidad internacional clamando que fuera indultada se intensificaron en los últimos días, con la intervención incluida del Papa.

El perdón fue anunciado a la cadena CNN por el gobernador de Punjab, Salma Taseer. "No va a ser víctima de esta ley" contra la blasfemia, aseguró. Bibi, de 45 años, fue acusada de insultar al profeta y de cuestionar el Corán durante una acalorada discusión con unas compañeras de trabajo musulmanas, después de que estas se negaran a beber de un cubo que Bibi había tocado.

Pakistán nunca ha ejecutado recientemente a un acusado por blasfemia, y este tipo de casos suelen resolverse sin sangre cuando se elevan ante un tribunal superior. La gracia, sin embargo, no cambiará el Código Penal paquistaní, donde el 96% de sus habitantes son musulmanes. Y tampoco está claro que Bibi vaya a ser puesta en libertad, tras 15 meses encarcelada. Su abogado ha presentado un recurso contra la sentencia ante el Tribunal Supremo que está pendiente de resolución. Está también por ver cuál será la reacción al presunto perdón presidencial de los militantes musulmanes más extremos. Ante el temor a que se produjeran disturbios, Bibi fue trasladada a un lugar seguro, por miedo a que su vida pueda correr peligro si los extremistas aplican la ley por su cuenta.

Precisamente ayer, Naciones Unidas aprobó una resolución de los países miembros de la Organización de la Conferencia Islámica para combatir la difamación religiosa. EE UU y la Unión Europea se opusieron por principio, porque consideran que restringe la libertad de expresión y religiosa.

La resolución, patrocinada por Marruecos, exhorta a los países a adoptar "las medidas necesarias, incluida la promulgación de leyes, para prohibir toda apología del odio nacional, racial o religioso". Y les insta a que proporcionen una protección legal adecuada "contra actos de odio, discriminación, intimidación y coacción derivados de la denigración de las religiones y la incitación al odio religioso". En cualquier caso se trata de un documento simbólico, porque su adopción no obliga legalmente a los miembros de la ONU a aplicar sus disposiciones.