La Justicia requiere de siete nuevos juzgados para evitar su saturación

El aumento de la litigiosidad amenaza la efectividad de la Justicia en Euskadi. Al menos, la de varios de sus órganos. Los juzgados de Bilbao son un claro ejemplo. La carga de trabajo en la jurisdicción Social es "incuestionablemente excesiva" y la situación de lo Contencioso-Administrativo "no es solo preocupante, sino altamente alarmante" debido al incremento del número de asuntos ingresados. El sistema requiere de siete nuevos juzgados para eludir una saturación que a día de hoy solo evita el esfuerzo extraordinario al que se ve forzada la plantilla de jueces y magistrados para suplir las carencias. Tres de ellos están ya previstos y comenzarán a funcionar en breve.

La memoria judicial de 2009, aprobada a finales del verano por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior, remarcaba ya la necesidad de habilitar un nuevo juzgado de lo Contencioso en la capital vizcaína para absorber un volumen de litigiosidad que aumentó casi un 30% el pasado año y cuyo repunte no se ha detenido en 2010. Un factor que ha derivado en un incremento "no aceptable" de la pendencia, lo que a su vez se ha traducido en una demora de las resoluciones que llega a los "14 ó 15 meses". La creación del nuevo órgano, debido a su urgencia, se ha contemplado ya y, tras la respectiva provisión de plazas, comenzará a resolver en diciembre.

Los cuatro grandes partidos judiciales son los que más necesidades tienen

No es la única carencia que la cúpula de la judicatura vasca percibe en el sistema. La memoria recoge también la necesidad de habilitar un nuevo juzgado de lo Penal en Barakaldo, el tercero, así como sendos de Primera Instancia en San Sebastián y Vitoria, los novenos en ambos casos. La capital donostiarra requiere también de un quinto juzgado de lo Social, que se habilitará en breve, y la alavesa de uno exclusivo de lo Mercantil. Más allá de los cuatro grandes partidos judiciales, también en Tolosa hace falta un cuarto juzgado de Primera Instancia e Instrucción que comenzará a funcionar en aproximadamente un mes.

La memoria elaborada por el Superior establece igualmente la necesidad de habilitar dos nuevos magistrados para resolver causas penales en las Audiencias de Vizcaya y Álava, así como la disposición de seis jueces de adscripción territorial para el alto tribunal vasco. Una nueva figura prevista para cubrir vacantes y colaborar en jurisdicciones que soporten una carga extraordinaria de trabajo solo de forma temporal. Su ejercicio permitirá mitigar la pendencia y evitará la compleja tramitación administrativa, así como el elevado coste, que requiere poner en marcha nuevos juzgados cuya existencia podría quedar injustificada una vez superada la crisis.

La Sala de Gobierno, en cualquier caso, únicamente ha tenido en consideración las peticiones principales que le han trasladado los distintos órganos judiciales. Las demandas de estos últimos elevaban a 19 los juzgados necesarios, de los que el Superior apenas ha estimado una tercera parte. La mayoría de los que no se han atendido corresponden a Vitoria, donde la planta reclama un juzgado más de Instrucción, otro Penal, dos de lo Contencioso, uno Social y otro de Primera Instancia. En San Sebastián hace falta uno de Instrucción, al igual que en Barakaldo, donde además se estima necesario otro de Primera Instancia. En Bilbao, uno del orden Social y otro Mercantil.

Reivindicaciones que tendrán que esperar. La cúpula de la judicatura vasca solo trasladará las principales necesidades a la consejería de Justicia, como competente en la materia, y será a ésta a la que corresponderá batallar con el Ministerio del ramo, sobre el que recae la facultad legal de crear los nuevos órganos. La mermada dotación presupuestaria del Gobierno vasco, debido a la crisis, y la incertidumbre que genera la reorganización que conlleva la nueva oficina judicial, cuya puesta en marcha ya ha comenzado, dejan en su segundo plano las necesidades menos apremiantes.

La memoria del último ejercicio completado no se ciñe a las necesidades de planta judicial, sino que aborda también las del personal funcionario. En este sentido, se requiere un encargado de gestión procesal para la Audiencia de Álava, un traductor para los juzgados de Vitoria y dos responsables de tramitación procesal para el Palacio de Justicia de Balmaseda. En el de Durango se reclama otro puesto homólogo, aunque solo como medida de refuerzo. Estas demandas, en cualquier caso, no figuran como prioritarias y quedarán supeditadas a la puesta en marcha de la nueva oficina, que fijará las futuras necesidades. Su implantación culminará en 2013 con la llegada a Bilbao, el más complejo de los partidos judiciales vascos.