La Junta saca adelante la reforma del sector público con CC OO y UGT

Inmersos en un clima de gran tensión la Junta sacó ayer adelante la modificación del decreto de reordenación del sector público andaluz. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, logró la firma de Comisiones Obreras y UGT en la Mesa General de la Función Pública para validar un decreto cuya aplicación se iniciará inmediatamente, pero que todavía traerá cola.

Los representantes del CSIF, sindicato mayoritario en la mesa, mantuvieron su rechazó al decreto (que han recurrido ante el TSJA por la vía de protección de derechos fundamentales); denunciaron en la reunión la falta de legitimidad del foro para negociar normas que afectan a las condiciones de trabajo de empleados públicos; y anunciaron nuevas movilizaciones contra la norma.

El PSOE cambiará el decreto-ley con enmiendas al Presupuesto de 2011

La reunión de la mesa estuvo marcada por un clima de gran crispación en los exteriores de Torretriana, donde cerca de un millar de trabajadores abuchearon e insultaron a los dirigentes de UGT y Comisiones que acudieron a la cita, y que tuvieron que ser escoltados por la policía. Los periodistas también fueron objeto de la ira de los manifestantes, muy exaltados a la salida.

Un importante despliegue policial controló en todo momento a los manifestantes. Estos no dejaron de hacer sonar bocinas, vuvucelas o silbatos, cuyo estruendo se colaba en la séptima planta de Torretriana, lugar del encuentro y que permaneció blindada por agentes de policía y seguridad toda la tarde.

Rafael Gavilán, secretario de acción social de CSIF, señaló que mantendrán su postura, y exigirán al Gobierno "que derogue un decreto que no es subsanable". Gavilán resumió su rechazo en que "se trata de un proceso encubierto de privatización de los servicios públicos; se otorgan a entes públicos-privados potestades públicas, y se produce la entrada en la Administración por la puerta de atrás de 25.000 trabajadores que no han acreditado su capacidad y sus méritos para formar parte de la Administración como el resto de funcionarios y empleados públicos".

Por su parte, los representantes de UGT y Comisiones, Antonio Tirado y Felipe Falcó, respectivamente, indicaron que habían logrado "preservar los derechos de los trabajadores del sector público andaluz y dotar de legalidad toda la norma que va a amparar esta remodelación de la Junta".

"Venimos a recuperar para lo público lo que la Junta de Andalucía venía externalizando", dijo Antonio Tirado. Este aseguró que en la mesa no se trató la propuesta lanzada por el líder de UGT, Manuel Pastrana, para que la Junta se comprometa a que solo se acceda a la función pública mediante oposiciones libres para todos los ciudadanos y se destierren los concurso-oposición donde se tienen en cuenta los servicios prestados a la Administración.

Tirado y Falcó anunciaron que han pactado con la Junta más tiempo para negociar los protocolos de integración del personal en las nuevas agencias públicas, que se constituirán el próximo 31 de diciembre. La integración de este personal se negociará ya entrado 2011.

Por su parte, Carmen Martínez Aguayo, lamentó que CSIF no hubiera dado posibilidades de negociar un acuerdo, pero se congratuló de haber llegado al pacto con UGT y Comisiones, "que legitiman plenamente el acuerdo". Martínez Aguayo indicó que se acordaron algunas modificaciones referidas a las carreras profesionales y áreas específicas de cada una de las nuevas agencia. La consejera añadió que el acuerdo está ya "plenamente en vigor". y comienza a aplicarse "desde ahora mismo". El PSOE presentará enmiendas a la ley de Presupuestos de 2011 para incluir la reforma del decreto.