La Junta y los alcaldes sellan una tregua en la lucha por las competencias

El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, acordaron ayer una tregua en la lucha por las competencias que tienen abierta. Los dos se reunieron en Sevilla para abordar los nuevos reglamentos autonómicos sobre contaminación lumínica y acústica y la aplicación de la Ley de Aguas.

En el caso del reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno, que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el 3 de agosto, acordaron negociar la futura "ordenanza tipo" que los ayuntamientos deberán aprobar, según señalaron ambos responsables políticos tras la reunión. Sin embargo, Toscano no descartó llevar el reglamento ante la justicia. La FAMP anunció a principios de octubre al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) su intención de recurrirlo. Se trata de un paso formal previo a la presentación del recurso. Toscano supeditó ayer este asunto a que la Consejería de Medio Ambiente recoja sus reivindicaciones en la negociación que se abre ahora sobre la "ordenanza tipo" de contaminación lumínica.

Medio Ambiente se compromete a analizar el nuevo canon del agua

En el caso del reglamento sobre contaminación acústica, que la Junta tiene previsto aprobar antes de que finalice el año, ayer se acordó crear una "comisión técnica" en la que se intentarán limar las diferencias entre los alcaldes y Medio Ambiente, afirmó Díaz Trillo.

En estos dos asuntos hay una tensión por las competencias. Y, de fondo, está la nueva Ley de Autonomía Local, que se aprobó este verano y que Toscano y los alcaldes esgrimen para defender que las competencias en el control del ruido y la contaminación lumínica son suyas.

Estos dos reglamentos nacen del desarrollo de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), que data de 2007, es decir, que se formuló tres años antes de que se aprobara la norma de autonomía local. "Compartimos el fondo pero no la forma de los reglamentos", apuntó Toscano. "Se trata de discrepancias formales, porque los alcaldes también comparten la preocupación por el medio ambiente urbano", añadió Díaz Trillo.

En la reunión de ayer también se abordó la aplicación de la Ley de Aguas, que se está encontrando con la oposición de los alcaldes del PP. Los populares pretenden llevar esta norma al Tribunal Constitucional al entender también que se invaden sus competencias por fijar el cobro de cánones. Medio Ambiente pretende que todos los municipios cobren a partir de 2011 un "canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la comunidad", que se destinará para obras de mejora, una obligación fijada por la Unión Europea. Este impuesto lo recaudará cada Ayuntamiento, pero lo gestionará la Administración autonómica. Toscano rechazó ayer la estrategia de acudir al Constitucional porque la solución se podría dilatar "seis o siete años". Pero sí manifestó su "preocupación" por la implantación de este canon a partir del mes de enero: "No queremos que se produzca una doble imposición en los Ayuntamientos en los que sí se aplica ya un canon". Por ello, el presidente de la FAMP reclamó "un análisis minucioso" de los impuestos que se cobran en los municipios para evitar esa duplicidad.

Díaz Trillo, que en la reunión estuvo acompañado del director de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Paniagua, se comprometió a estudiar con "más profundidad" este asunto para que finalmente se aplique "un precio justo" en todos los municipios andaluces.