Un desajuste de 36 millones en Álava

El desajuste entre el presupuesto de una obra pública y el coste que plantean las constructoras tiene un ejemplo claro en Álava. El precio del tramo alavés de la Eibar-Vitoria pasó de los 122 millones iniciales a 133,3 y ahora ya se estima que el real puede acercarse a los 170, casi el 40% más de lo presupuestado.

El Juzgado de Instrucción 2 de Vitoria ya tiene la demanda de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Dragados y Yarritu, y la contestación de la Diputación, con lo que es posible que dé audiencia a las partes en breve. Esas empresas que realizaron el tramo de Luko a Arlabán, de 8,3 kilómetros le reclaman el pago de 31 millones por entender que cambiaron las condiciones estipuladas en el contrato. FCC es el segundo grupo constructor de España por cifra de negocio, y Dragados la principal empresa de obras de ACS.

La segunda reclamación la resolvió el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio, que rebajó la demanda de otras tres empresas, Ferrovial (la tercera constructora de España), Lanbide y Copalsa -realizaron el tramo entre Echávarri Viña y Luko, de 6,2 kilómetros- de los 8 que pedían a 3,2.

La Diputación negocia con sus abogados cómo hacer frente al pago y espera que Vital autorice el endeudamiento. El diputado de Hacienda de Álava, José Luis Cimiano ya dijo durante la comisión de Juntas que investigó el desfase que "en las universidades se estudiará el caso de la Eibar Vitoria, como el ejemplo de lo que no hay que hacer en materia de planificación y presupuestos". Él lo tenía fácil. Esa obra la hizo el equipo que dirigió la Diputación las dos legislaturas anteriores, el PP.