El Gobierno niega las acusaciones de bloqueo a proyectos

Mientras el Gobierno valenciano, el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación de Castellón siguen señalando al Gobierno central como autor de un bloqueo a proyectos e iniciativas, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, y el subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, comparecieron ayer para restituir la posición del Estado ante el Consorcio Valencia 2007 o frente a proyectos como el aeropuerto de Castellón.

Peralta acusó tanto al Ayuntamiento de Valencia como a la Generalitat de "bloquear" el Consorcio Valencia 2007, creado con motivo de la Copa del América, ya que aún no han aportado 16 millones de euros que se comprometieron a abonar, al igual que el Estado, que sí los ha aportado. Este consorcio, que gestiona la dársena del puerto de Valencia construida para la celebración de la competición, "tiene que generar activos" con la explotación de ese espacio, tal como señaló Peralta. Sin embargo, la entidad precisaría de "los fondos de las Administraciones" y "quien no aporta los fondos para el funcionamiento del consorcio no puede alegar en modo alguno que pretende defender el consorcio; de ninguna manera, lo está bloqueando completamente, está impidiendo que funcione", añadió el delegado. La alcaldesa "tiene los bolsillos rotos" y la "solución que se inventa es buscarse, agenciarse un buen bolso", dijo Peralta.

Por su parte, Antonio Lorenzo reiteró que el retraso en la apertura del aeropuerto de Castellón no es responsabilidad del Gobierno sino que, tal como insistió, "todavía falta documentación que tiene que aportar la promotora de esta infraestructura, Aerocas", la sociedad pública formada por la Generalitat y la Diputación de Castellón. "El Gobierno está absolutamente predispuesto a que se agilicen los trámites para conceder las autorizaciones", mantuvo Lorenzo, que consideró desleal que "la Administración responsable de la construcción del aeropuerto alegue que otra Administración es la responsable de que se abra más pronto o más tarde, puesto que la Generalitat Valenciana sabe cuáles son los problemas".