La salvación de Vulcano

Vulcano necesita para finalizar la construcción de un buque encargado a la factoría viguesa de un aval a otorgar por un organismo semipúblico (Pymar), que está en la órbita del departamento que dirige el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Recientemente dicho organismo decidió que no existía "seguridad jurídica" suficiente para otorgar el "remedio" solicitado por la empresa gallega, como medida necesaria y procedente para poder continuar con su labor económica y productiva.

Ahora bien, la seguridad jurídica invocada hay que situarla en su contexto, que no puede ser otro que el del ordenamiento en el que, en efecto, este concepto constituye una necesidad fundamental de los individuos y de la comunidad. Así, para que el tráfico jurídico funcione, para que los bienes circulen, es necesario dotar al sistema de una cierta seguridad. Una seguridad jurídica que debe entenderse como "el conocimiento o certidumbre del sistema normativo aplicable a cada caso".

Pero, distinta de la seguridad jurídica es la seguridad económica, que es lo que han confundido los miembros de Pymar. Porque mientras la seguridad jurídica busca la eficacia de las obligaciones, cuando éstas se incumplen o deviene imposible alguna de las acordadas, la seguridad económica garantiza una contraprestación que, en muchos casos,puede ser una indemnización. Esta compensación tiene trascendencia económica, pero no repercute en la seguridad jurídica que, en este caso de Vulcano, no pude confundirse con el cumplimiento de sus obligaciones, con la exigencia de una garantía, el susodicho aval, a otorgar "administrativamente". El ordenamiento jurídico incurriría en una dejacion y en una contradicción de sus fines si se sustituye, como equivocadamente entendió Pymar , la seguridad jurídica por la mera seguridad económica.

Por otra parte, las duras limitaciones impuestas a la competencia por las normas de la Unión Europea -a veces, claramente injustas- juegan, sin duda, un papel determinante en el futuro de esta problemática actividad industrial. Pero ahora de lo que en verdad se trata es de que los responsables políticos, y muy en particular el Gobierno de la nación, encuentren la capacidad de decisión política para responder ante una situación de extrema gravedad, como es la que vive el astillero vigues. Hay que superar los obstáculos y los hipotéticos temores -sin fundamento legal- sobre la situación preconcursal de la empresa. Mas allá de las dudas jurídicas que en un primer momento se han alegado desde Pymar para negar el aval, y que como he explicado no encuentran ninguna razón jurídicamente atendible, hay que salvar ya a Vulcano. Una salvación que solo puede venir desde el trabajo de todos en común -Ministerio de Industria, Xunta de Galicia, empresa y trabajadores-, para, sobre todas las cosas, salvar ese bien tan preciado y escaso que son los cientos de empleos y puestos de trabajo en peligro de desaparecer.

Alfonso Villagómez Cebrián es magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y doctor en Derecho por la Universidade de Santiago