Los últimos detenidos de la 'Operación Carioca' salen en libertad con cargos

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, dejó ayer en libertad provisional a los últimos policías detenidos en el marco de la Operación Carioca, pero mantuvo las imputaciones y estableció medidas cautelares para el subinspector de Extranjería en la comisaría de Lugo, Eduardo Castro, y el policía local Manuel Álvarez.

En el transcurso de una semana frenética en detenciones, el agente de Extranjería es el que acumula un mayor número de imputaciones, ya que la instructora mantiene abierta la investigación por su presunta implicación en los delitos de colaboración con la prostitución, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental. Además, deberá comparecer semanalmente ante la autoridad judicial, no podrá abandonar territorio nacional y no podrá acercarse a ninguna de las mujeres que ejercieron la prostitución en los locales donde se inició esta investigación en la madrugada del 16 de octubre de 2009.

La juez mantiene las imputaciones a dos cargos de Extranjería

La instructora también dejó en libertad al policía local detenido en la mañana del pasado jueves. Tras este interrogatorio que fue bastante más corto, decretó para el agente municipal la medida cautelar de comparecer en el juzgado cada dos semanas. Además continuará como imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y colaboración con la prostitución.

Por otra parte, la jueza aclaró, a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que el responsable de la Unidad de Extranjería de la comisaría de Lugo, Evaristo Rodríguez -quien declaró durante más de 13 horas como imputado aunque no fue detenido-, no tiene medidas cautelares, pero mantiene su imputación por los presuntos delitos de colaboración con la prostitución, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias y prevaricación.

El portavoz del Ayuntamiento de Lugo, José Rábade, ratificó ayer la "máxima confianza del gobierno en la Policía Local y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado". Apeló a la "presunción de inocencia", en tanto no se pronuncie un juez con sentencia firme y dijo que cualquier medida disciplinaria del Ejecutivo local dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos. También pidió que el nombre de Lugo no se manche por presuntos delitos cometidos por un grupo de personas.