Ivex y Terra Mítica no son 'Malaya'

"La justicia es lenta". "La justicia se toma su tiempo". "En la justicia todo va despacio". Son afirmaciones de propios y extraños a los tribunales, sin hacer distinción de casos, causas o jueces. Pero no es, en todo caso, igual de lenta en todas partes, ni teniendo casos similares. Más aún, ni teniendo casos más sencillos. La prueba es el caso Malaya. Pasa por ser la investigación más vasta contra la corrupción urbanística. Se inició en 2006. La causa tiene cerca de 200.000 folios. Hay 95 imputados por cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Se instruyó durante tres años. Inició el asunto el juez Miguel Ángel Torres, que permaneció incluso en el juzgado en comisión de servicio una vez ganada la plaza en Granada, y lo terminó el juez Óscar Pérez, con el obstáculo que supone hacerse con un asunto de tal envergadura cuando está extraordinariamente avanzado. Ha habido un fiscal de la sección de Anticorrupción. Y el juzgado de Instrucción número cinco de Marbella, en el que también se instruía de forma paralela el caso Ballena Blanca, otro de los más importantes en materia de corrupción, ha tenido refuerzo, pero no desde el principio: de los tres años de instrucción, menos de dos.

Ningún juzgado de Instrucción de Valencia ha sido reforzado

Viguer: "La justicia solo interesa a los políticos para controlarla"

No se han cumplido cuatro años desde que se empezaran a atar los cabos que destaparían una red de corrupción que obligó incluso a la Junta de Andalucía a retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella "por afección grave de las competencias autonómicas en materia de ordenación y planeamiento", cuando la sección primera de la Audiencia de Málaga ya está, desde el pasado 27 de septiembre, celebrando juicio.

En el auto de apertura de juicio oral, dictado el pasado 19 de mayo, la sala se anticipaba incluso a posibles complicaciones por la complejidad de los delitos, los muchos imputados y los numerosos abogados y procuradores para evitar "dilaciones indebidas". En los juzgados de Valencia, los casos Ivex y Terra Mítica llevan más de cinco años en instrucción y no parece que vayan, en breve, a tener el destino del caso Malaya. Es otro ritmo, más lento. El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia se ocupa del caso Ivex. El origen fue una querella presentada por los socialistas valencianos por supuestas irregularidades en el contrato suscrito entre el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) y el cantante Julio Iglesias para promocionar la imagen de la Comunidad Valenciana. El contrato se firmó en 1998 por 2.253.795,39 euros (375 millones de pesetas). Se presentó incluso en las Cortes. Pero tenía un anexo que el PP ocultó a la Cámara y al Síndic de Comptes que superaba los 3.600.000 euros (600 millones de pesetas). La causa se abrió por los delitos de malversación de fondos públicos, delito fiscal y blanqueo. El periplo judicial se inició en 2001. Primero fue a la Audiencia Nacional. Ésta rechazó la competencia. Y tras varios avatares el asunto fue a parar al Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia. Y ahí está desde hace más de seis años. La causa tiene algo menos de 8.000 folios. La llevan el juez titular del juzgado, sin refuerzo, y el fiscal de ese juzgado. El asunto se dio por cerrado el pasado marzo. Pero la Audiencia de Valencia ordenó hace escasos tres meses su reapertura para la práctica de varias diligencias, entre ellas, la declaración del cantante Julio Iglesias. El juez archivó provisionalmente la causa porque el principal imputado, José María Tabares, el que fuera director general del Ivex, está huido de la justicia, en Japón (país con el que no existe convenio de extradición). El resto de los imputados, poco más de media docena, miembros del consejo de administración de la sociedad pública, no pueden, a juicio del fiscal y del juez, ser juzgados sin Tabares, porque fue la figura capital en el asunto. En el caso Malaya, hay tres imputados que se consideran importantes para el asunto que están en paradero desconocido; pero esa circunstancia no retrasó la instrucción. Ni las comisiones rogatorias, que en el caso Ivex han sido varias y se han demorado en el tiempo.

En el juzgado de Instrucción número 3 de Valencia está el caso Terra Mítica. Tiene 15.600 folios. Hay poco más de 20 imputados y otras tantas empresas implicadas en un fraude fiscal a través de facturas falsas de 4,4 millones de euros relacionados con la construcción del parque Terra Mítica de Benidorm. Está destinada al caso una fiscal de la sección de delitos económicos, que solo lleva la mitad de un juzgado ordinario. Desde hace casi dos años, la causa está a la espera de un informe de un perito de la Agencia Tributaria. Entre tanto, ni la fiscalía ha impulsado notablemente el caso (aún no se han depurado las imputaciones) ni el juez ha podido ponerse al día en la respuesta de los innumerables escritos presentados por las partes. Más aún. El juez rectificó su decisión de archivar el delito fiscal el pasado verano. El asunto se sigue por los delitos de malversación, estafa, blanqueo de capitales y el recuperado delito fiscal.

Pedro Viguer, decano de los jueces de Valencia, dijo el pasado mes de julio que "la justicia solo interesa a los políticos para controlarla". Y consultadas algunas de las partes personadas en los casos Ivex y Terra Mítica, es eso lo que hace falta para sacarlos adelante. Los 21 juzgados de instrucción de Valencia tuvieron en 2009 una media de asuntos de 6.988, según información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia. No es una cifra muy distinta de la de los cinco juzgados de Instrucción de Marbella, que tuvieron el pasado año una media de 6.278 asuntos.

¿Por qué no se refuerzan los juzgados que tienen asuntos de tal envergadura, que afectan incluso a la vida política? Cuando se detecta un atasco en un juzgado, bien por motivos estructurales, por carga de trabajo o por falta de funcionarios, a instancias del propio juzgado o cualquiera de las partes de un proceso que se consideran afectadas por un retraso importante, pueden solicitar a la sala de Gobierno un refuerzo. Ésta, tras estudiarlo, si lo estima oportuno remite un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si éste da el visto bueno para destinar un juez como refuerzo, da traslado al Ministerio de Justicia, que es el que debe dar luz verde económicamente. Y, por último, la Administración autonómica debe destinar funcionarios o admitir el gasto de una ampliación de jornada de los que haya.

Tienen refuerzo los juzgados de lo Social y lo Contencioso de Valencia, los de Vigilancia Penitenciaria de Castellón y Valencia, y varios penales (incluidos los de ejecutorias). Pero ninguno de los de Instrucción.