La Xunta presenta hoy en el Supremo el recurso contra la norma del Gobierno

Al mismo tiempo que el ministro de Industria, Miguel Sebastián daba audiencia al líder del PSdeG, Pachi Vázquez, y a los representantes de las eléctricas, comparecía tras el Consello de la Xunta, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, para anunciar que hoy mismo la Asesoría Xurídica tendrá listo el recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto del carbón. "Agotados todos los recursos políticos, la Xunta autoriza a desplegar todos los instrumentos judiciales para solicitar la suspensión cautelar" de la norma que "desmantela las térmicas de Meirama y As Pontes".

Anunció que "frente a la inacción, la desidia y la falta de respeto institucional" que atribuyó al Ejecutivo de Zapatero, llevará su batalla a la más alta instancia judicial. Y avanzó que tan pronto como el Diario Oficial de las Comunidades Europeas publique la norma el litigio llegará a Luxemburgo. Feijóo dio algunos detalles sobre el razonamiento legal que esgrimirá la Xunta en el pleito y que alegará "el perjuicio que ocasiona a terceros", además de que, según interpreta la Asesoría Xurídica, el decreto es nulo "porque omite la necesidad de un nuevo dictamen del Consejo de Estado" y "por la oposición que manifestaron los órganos consultivos que emitieron informes negativos".

En su diatriba contra el Gobierno que repite a diario, el presidente incluyó ayer al comisario europeo Joaquín Almunia, de quien dijo que vela desde Bruselas "por los intereses del Gobierno de Madrid". Cuando se le preguntó por el encuentro entre el líder de la oposición en Galicia y el ministro Sebastián, en compañía de los directivos de las empresas eléctricas que gestionan las centrales de Meirama y As Pontes, de cuyo resultado no había noticias todavía, Feijóo subrayó que "se trata de un episodio más de la falta de respeto institucional". Desde que comenzó el conflicto del carbón, tanto el presidente como el conselleiro de Industria, Javier Guerra, se han quejado de que el ministro Sebastián no reciba a un representante del Gobierno gallego ni atienda sus llamadas.