Los empresarios alertan sobre la deslegitimación de los políticos
"Los intereses particulares de los partidos predominan sobre el interés general"
La complejidad de la crisis económica que atraviesa la economía española es tal que urgen actuaciones "inmediatas y simultáneas" para paliar el paro, la baja competitividad y el fuerte crecimiento del endeudamiento externo. "En caso contrario", alertan siete grupos empresariales de presión de otras tantas comunidades autónomas, "se corre el riesgo de un declive sostenido, una creciente frustración social y un serio problema de deslegitimación del sistema político".
Francisco Pons, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, ejerció ayer como anfitrión del V Encuentro Economía y Sociedad, una iniciativa que impulsó hace cinco años y que congregó en Valencia a representantes del Círculo de Economía de Barcelona, el Círculo de Empresarios de Madrid, el Círculos de Empresarios Vascos y otras organizaciones paralelas de Andalucía, Galicia, Navarra y Mallorca.
Comunicado conjunto de ocho grupos de presión patronales
Los empresarios presentaron un severo manifiesto conjunto bajo el lema Pacto de Estado, Competitividad y Empleo que exige, en primer lugar, "una política de comunicación veraz que transmita a los ciudadanos, de forma razonada, sistemática y convincente, la auténtica magnitud del problema económico del país".
El documento constata que el rápido crecimiento experimentado por la economía española entre 1996 y 2008 provocó "una euforia desmedida y unas expectativas irracionales". Y que la cruda vuelta a la realidad exige que "los políticos, los empresarios, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil asuman, con valor y generosidad, la responsabilidad de crear una nueva conciencia y espíritu colectivos, de forma unitaria y sin fisuras". Pero advierten que, lamentablemente, se extiende una "percepción generalizada del predominio de los intereses particulares de partidos políticos y organizaciones económicas y sociales sobre el interés general".
La declaración conjunta reclama el impulso de la industria; el recorte del gasto público y de las prestaciones sociales; salarios ligados a la productividad; apoyo a la reinversión de beneficios; primar los acuerdos de empresa sobre los convenios sectoriales; reformar la Administración y poner fin a la designación política de altos cargos; otra política energética; y transformar el modelo educativo.
Sobre esos mimbres, concluyen, habría que "cambiar creencias, actitudes y prácticas" para impulsar "un gran pacto por la modernización, la competitividad y la reactivación de la economía española".

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