Oposiciones en el Sergas
El informe que acaba de hacer público el Valedor do Pobo, en relación con las irregularidades existentes en dos pruebas selectivas convocadas por el Sergas, pone al descubierto indiciariamente una forma de corrupción de extraordinaria gravedad: varias personas que trabajaban en el mismo departamento en el que se elaboraba el proceso de selección obtuvieron las puntuaciones más altas entre más de 7.500 aspirantes. Sin embargo, la respuesta de la Consellería de Sanidade (avalada por el presidente Núñez Feijóo) ha ido dirigida a minimizar la trascendencia de los hechos y a ofrecer una versión del contenido del informe del Valedor que no se corresponde con la realidad y que puede inducir a error a los ciudadanos.
Las filtraciones de exámenes equivaldrían a graves delitos de violación de secretos
El equívoco fundamental que introduce la consellería es mezclar indebidamente dos cuestiones que deben ser deslindadas: una cosa es llegar a la conclusión de que no se han podido encontrar "pruebas fehacientes de filtraciones" (algo que reconoce el Valedor, si bien con importantes matices), y otra cosa, muy distinta, es negar que hayan existido muy graves irregularidades en el proceso selectivo, las cuales, en cambio, quedan claramente demostradas.
Empezando por lo segundo, en el informe del Valedor se destaca, ante todo, el hecho de que deberían haberse abstenido tres miembros de los tribunales (miembros que pertenecían a la Subdirección Xeral de Recursos Humanos), porque algunos de los opositores trabajaban a su servicio y uno, en particular, era el esposo de la propia subdirectora general.
Se resalta además que tres de los opositores realizaron previamente labores de colaboración en la preparación de las pruebas a las órdenes de los citados miembros de los tribunales, e incluso uno de ellos participó después en el proceso de corrección de los exámenes en la categoría a la que él se presentó, llegando al extremo de efectuar la corrección mecánica de su propio examen. Los organizadores de las pruebas admitieron que "no había un control exhaustivo" y que, de hecho, las tareas relativas a la confección de las pruebas "eran realizadas muchas veces por compañeros directos de los opositores, compartiendo oficina en horario laboral habitual de mañana".
También se detectaron irregularidades en el proceso de custodia e impresión de los contenidos de los exámenes, dado que de ello se encargó una compañera de algunos de los opositores, la cual realizó su labor en un ordenador de la oficina, coincidiendo con el horario laboral de sus compañeros, y sin que existiese un registro de entradas y salidas de personas en la sala de impresión.
En fin, a juicio del Valedor quedan sobradamente "acreditadas" las "numerosas y considerables irregularidades" que afectaron al proceso selectivo, las cuales "refuerzan la sospecha fundada de que pudo darse una situación de ventaja" de determinados opositores y originan "la correspondiente responsabilidad de sus protagonistas, que deberá sustanciarse adecuadamente".
Pues bien, esta conclusión es de la máxima trascendencia para entender la otra afirmación del Valedor, a la que se aferra la Consellería de Sanidade para interpretar incorrecta y equívocamente su informe, esto es, la de que "con los elementos obrantes no se pudo probar la filtración de las pruebas". Y es que hay que aclarar que el Valedor no llevó a cabo en este asunto una "investigación con sus propios medios" (algo que solo realiza en casos muy excepcionales), sino que sus conclusiones se basaron exclusivamente en la investigación realizada por la Consellería de Sanidade y por la Dirección Xeral de Avaliación y Reforma Administrativa, un órgano que depende de la Consellería de Presidencia. Por tanto, el Valedor se limitó a interpretar los datos que se le suministraron y a efectuar una serie de recomendaciones. Ahora bien, pese a todo, apuntó (lo que no es poco) que de tales irregularidades se deriva una "responsabilidad para sus protagonistas" y una "sospecha fundada" de que pudo haber filtraciones.
Por mi parte, me limito a añadir algo a la prudencia del Valedor: la sospecha fundada de filtraciones equivale a sospecha de graves delitos de violación de secretos, tanto del funcionario que los revela o que permite que otros accedan a documentos secretos como del particular que se aprovecha de ellos. Y se trata de indicios tan poderosos que deberían ser puestos en conocimiento del juez penal para que los investigue con sus propios medios, que son muchos, mientras que los sospechosos tampoco son tantos.
