Miles de docentes modifican su vida familiar para conservar el trabajo

"A mi madre la tengo que desplazar en ambulancia porque no puede moverse", cuenta Begoña Pérez, una profesora que desde hace 23 años trabaja para la Consejería de Educación y se ha "cascado los cientos de kilómetros que han hecho falta" cada día para ir a dar clase. "Es la primera vez que pedía una comisión de servicio, perfectamente documentada con los informes médicos que certifican la enfermedad degenerativa de mi madre". Negativo. Y sin respuesta oficial a la apelación. No es la única, 2.200 profesores -algunos con cargas familiares muy complejas- se han quedado este curso sin comisión de servicios que les permitiera trabajar cerca de sus domicilios.

El recorte del presupuesto del capítulo de personal de Educación aprobado en julio por la Generalitat ha obligado a algunos docentes a tener que desplazarse decenas, incluso centenares, de kilómetros todos los días para llegar al trabajo. Cinco profesoras afectadas explican que hacen entre 90 y 250 kilómetros para ir a dar clase a otra provincia. Todas son madres con hijos menores o familiares enfermos a su cargo. Han presentado los correspondientes certificados médicos. Pero les han denegado el permiso.

Las comisiones de servicio son un "hecho graciable" que se concede legalmente por "causas médicas y sociales", tanto personales como familiares. En los casos entrevistados los criterios han sido omitidos. Incluso, de manera irrespetuosa. "Su caso ya nos lo sabemos de memoria", llegó a espetarle el jefe de área de la Dirección General de Personal a una de las entrevistadas con un bebé con una enfermedad grave. Es el caso de Paula, que pide omitir su nombre real. Tiene un hijo de pocos meses con una enfermedad que requiere una intervención quirúrgica rápida. Cualquier contacto con virus comunes como la gripe o una afección menor intestinal se le complica y deriva en frecuentes ingresos hospitalarios. Su hijo será operado en Valencia, necesita atención permanente y su marido trabaja.

No le han dado la comisión de servicio, pese a que cuando presentó el certificado del doctor de cirugía pediátrica su hijo apenas tenía meses. Educación la ha enviado a dar clase a la provincia de Alicante. A más de 200 kilómetros de su destino de origen por autovía. "Sólo pedía que me dieran una plaza en la que pudiera ir y volver a casa en el mismo día, aunque tuviera que conducir hora y cuarto". Desde el 1 de septiembre está de baja.

Esta es la única salida que les queda, y la que están aconsejando los expertos de Salud Laboral cuando los casos son extremos y las vidas personales están casi al límite. Como la de Silvia A. A., una profesora que lleva tres operaciones ginecológicas, en una de las cuales se le tuvo que extirpar una trompa, y va camino de la cuarta "en dos semanas". Silvia y su marido están en tratamiento de fertilidad in vitro en una clínica de Valencia, para poder tener un hijo.

"Debido al tratamiento con hormonas y todo lo que supone, sufro de ataques de ansiedad", explica. Pero el último no fue debido al tratamiento. Desde que le negaron la comisión sus crisis se incrementaron y está en tratamiento psicológico. "Me dan mareos y no puedo conducir". A Silvia la han enviado a 156 kilómetros de su domicilio familiar. Ha tenido que alquilar un piso con otros maestros desplazados, dejar a su marido en casa, y trasladarse a Valencia para continuar el tratamiento.

Entre los afectados por una mudanza, los hay con hijos pequeños a su cargo, que han tenido que cambiar de colegio o ver cómo se separan sus padres. Es el caso de Petunia Reig, con hijos pequeños a su cargo. "Tengo plaza en L'Alcúdia de Crespins, y a mi marido que disfrutaba de una comisión se la han denegado, y ha tenido que volver a su plaza en Girona, él solo", denuncia Reig. "Esto supone un desgaste en el ámbito personal y un montón de gastos de viaje añadidos".

Marina es otra madre con dos niños "menores de dos años" a su cargo, que ha disfrutado hasta ahora de comisión de servicio y se la han denegado. "¿Si otros años este criterio era válido, por qué este año no?", se pregunta. ¿Cuáles son los criterios que han primado? Ninguna lo sabe. Como ellas, otras "150 docentes por la transparencia en las comisiones de servicio" han tramitado una queja al Síndic de Greuges y se plantean la vía judicial para volver a poner en orden su vida.