El juez enviará una comisión a Bahamas para interrogar a Connery

Sean Connery faltó ayer a su cita con la justicia española y dejó con la miel en los labios a medio centenar de periodistas -la mitad de los que congregó la víspera Isabel Pantoja- que le esperaban a las puertas de los juzgados de Marbella (Málaga). El actor escocés, salpicado por una trama de corrupción urbanística, presentó a principios de esta semana un escrito a través de sus abogados en el que alegaba "motivos de salud" derivados de su avanzada edad -80 años- y "falta de tiempo para preparar el viaje" desde su residencia en Nassau (Bahamas), conocido paraíso fiscal.

El magistrado que instruye el llamado caso Goldfinger, Ricardo Puyol, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, había citado ayer a Connery y a su esposa para declarar como imputados por la trama derivada de la recalificación irregular de los terrenos de la antigua mansión marbellí del intérprete, llamada Malibú.

En estos terrenos se podían construir cinco chalés pero, tras su venta por el matrimonio Connery, en ellos se levantaron 72 apartamentos de lujo. La investigación de los convenios urbanísticos que permitieron esta operación llevaron a unas sociedades de las que la justicia sospecha que pertenecen al matrimonio. Los cambios en el uso del suelo supusieron unas pérdidas de 2,7 millones para las arcas públicas de Marbella.

El juez Puyol ha dado por buenas las alegaciones del actor, que ha incluido a su esposa, de 81 años, en el escrito, y ha mostrado su voluntad de colaborar en la investigación judicial. Por ello, el magistrado ha decidido que sea interrogado en su residencia de Bahamas a través de una comisión rogatoria. Este mecanismo consiste en pedir permiso a las autoridades del país receptor para efectuar trámites judiciales de otro estado en su suelo.

El magistrado español deberá concretar, previsiblemente la semana que viene, cómo efectúa el interrogatorio del matrimonio. Puyol, o el secretario de su juzgado, podrían desplazarse a la isla caribeña, o bien puede pedir a las autoridades judiciales de allí que el actor responda ante ellos y luego les remita las respuestas.

Los Connery mantuvieron su residencia en primera línea de playa en Marbella desde los años setenta hasta 1998. Ese año, hartos de los trapicheos urbanísticos del entonces alcalde Jesús Gil, que construyó un bloque de cinco plantas al lado de su casa, y del acoso de la prensa rosa, Sean y Micheline Connery vendieron Malibú por nueve millones de dólares.

La investigación judicial de los convenios data de 2007, tras un informe del Tribunal de Cuentas que fiscalizaba las arcas marbellíes. Durante las pesquisas, la sección de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía descubrió que en las operaciones intervino el despacho de abogados Díaz Bastien y Truan, que, según los investigadores, "representa los intereses económicos" de Connery y su esposa en Marbella. En un informe del sumario, la Agencia Tributaria apuntó la posibilidad de que el matrimonio participara en la sociedad By the Sea, promotora de los apartamentos, aunque su vinculación "queda velada por el entramado societario" supuestamente creado por el bufete de abogados. La Agencia Tributaria cifró en 53 millones de euros los beneficios logrados por la venta de los pisos de lujo.