Los paos perdidos

No hay fumata blanca en la designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nos desvela que la Justicia puede esperar. Han sido ya varios e infructuosos los intentos para que el nombramiento del presidente del alto tribunal andaluz se produzca. Primero no había acuerdo entre las asociaciones representadas en el Consejo, ahora alguien dice que hay un candidato señalado por la Junta de Andalucía. Lo cierto es que ya hace tiempo que en política de nombramientos el CGPJ instauró el juego de los lotes, en el que presidencias de Audiencias y de Tribunales Superiores vacantes forman un lote de cromos intercambiables, dos por dos, dos por uno... De modo que, resulta complicado asignar los lotes, igual que ocurre en las herencias. La Junta nunca ha señalado a un candidato, que por sospechas de parcialidad deba ser excluido: primero, porque ni siquiera existe un candidato de la asociación profesional más progresista, que alguien aviesamente pudiera decir que está auspiciado por la Junta; y segundo, y aún mas importante, porque siempre se ha respetado la independencia del Poder Judicial.

El nombramiento del presidente del TSJA es una decisión tan urgente como relevante

Si desde la Junta hubo en su día contactos con el CGPJ, que los hubo y como es lógico seguirá habiéndolos en un tema de la trascendencia que nos ocupa, fue para transmitir la bondad de todos los aspirantes y que Andalucía tiene la entidad suficiente -atendida su extensión territorial y población- para ser contemplada en solitario, fuera del juego de lotes. No debe pasarse por alto que es la única comunidad con ocho presidentes de Audiencia y casi mil jueces, lo que justifica que el nombramiento de su presidente debería quedar al margen de permutas.

Dicho esto, es claro que existe un candidato preferido: el que sepa anteponer el interés general a cualquier otro. Esta es la fundamental misión de cualquier poder del Estado, lo es del Ejecutivo y debe serlo del Judicial. El mejor candidato es el que avanzará con todos los operadores jurídicos, incluida la Junta, en la consecución de una Justicia más ágil, moderna y cercana a la ciudadanía. En concreto, avanzar con la Junta, y no en contra, es clave para que el objetivo pueda conseguirse. El respeto institucional tiene que ser el aval más importante de un candidato a presidente del TSJA.

Ello, por supuesto, no quiere decir que jueces y Gobierno tengan que estar de acuerdo en todo, pero un elemental conocimiento del equilibrio de poderes en democracia, implica que dichas discrepancias deban solucionarse desde el respeto mutuo y el diálogo y anteponiendo, en todo caso, el interés general de la Justicia.

Desde algunos sectores judiciales y desde el PP se criticó con dureza a la Junta cuando, por primera vez en una comunidad, aplicó soluciones distintas a los males de la Justicia: el Gobierno andaluz apostó por los jueces de adscripción territorial, por la interconexión de los juzgados y por la puesta en marcha de la Oficina Judicial, al tiempo que intentaba poner más al día los juzgados con medidas de choque como los planes de tarde o los equipos en las atascadas Salas de lo Contencioso-Administrativo del TSJA. Soluciones distintas a la masiva creación de órganos judiciales, pues esta medida, lejos de arreglar el problema, compromete el gasto público en exceso y sin proporcionalidad alguna con el resultado obtenido. No obstante, durante la implantación de dichas medidas hemos tenido que escuchar -incluso a algún miembro del CGPJ, de gira interesada y en solitario- que el Gobierno andaluz no apostaba por la Justicia, precisamente porque no anunciaba la creación de hornadas de nuevos órganos judiciales y porque tardaba años en construir edificios judiciales.

Pues bien, en julio de 2010, todos los consejeros de Justicia de las distintas comunidades, de todos los signos políticos, acordaron adoptar medidas distintas a las tradicionales, es decir la masiva creación de órganos. Lo acordaron ocho meses después de que lo hiciera Andalucía.

Ahora, la tardanza en la designación del presidente del TSJA, que el CGPJ conocía hace meses -desde que Méndez de Lugo anunció su renuncia a ser reelegido- ¿debemos interpretarla como una profunda preocupación por la Justicia?, ¿se están anteponiendo otros intereses a los de la Justicia?, ¿se está esperando a negociar el lote completo? Quizás solo decirlo también sea considerado por algunos una injerencia en la independencia del Poder Judicial, pero creo que en democracia no podemos aplicar la ley del embudo según si el poder criticado es uno u otro. Es claro que es una decisión tan relevante como urgente. No se trata de que no se haya presentado ningún candidato, ni que los que componen la terna no sean idóneos, todos los nombres que la integran tienen entidad y trayectoria. Y todos han defendido ya su proyecto para la presidencia del TSJA.

En los Palacios de Justicia más importantes existen los denominados "salones de los pasos perdidos", para visualizar la espera de la ciudadanía por una sentencia o resolución judicial. Esperamos al candidato con los mejores méritos profesionales; ése es el aspirante a la presidencia que quiere Andalucía. No valen las excusas. No hay un candidato señalado por la Junta de Andalucía. Tampoco valen los lotes de cromos intercambiables. No debemos perder más pasos en la Justicia.

Begoña Álvarez Civantos es consejera permanente del Consejo Consultivo.