El gran dilema de un alcalde

Sancionar o dejar impune una infracción cometida por él mismo en su propia finca. Es el dilema al que se enfrentará Manuel Morilla (PP), alcalde de Morón de la Frontera (28.500 habitantes, Sevilla), tan pronto se incorpore al puesto tras su baja por enfermedad. El Seprona de la Guardia Civil denunció al regidor el pasado mes por enterrar junto a un arroyo los escombros que generó una demolición cuando se construía un cortijo en su finca. Las placas de cemento y los restos de obra estaban cubiertos por tierra vegetal. Hasta que las pasadas lluvias hicieron aflorar la incómoda verdad.

Tras la denuncia del Seprona ante la Consejería de Medio Ambiente, los técnicos de esta última determinaron que los residuos no tienen entidad suficiente para considerarse un vertedero ilegal por su volumen y el tiempo de vertido de escombros, que no superó los seis meses, por lo que remitió el caso al Ayuntamiento de Morón, que ahora ejercerá su competencia municipal. Por tanto, Morilla decidirá previsiblemente si se impondrá una multa por este supuesto vertido ilegal. Mientras, un equipo de guardería de Medio Ambiente evalúa el daño que los escombros causaron al arroyo como cauce público.

Morilla afronta un juicio y denuncias por tres supuestas irregularidades

A Morilla, ex apoderado del torero Jesulín de Ubrique y alcalde desde 2003 con un abultado sueldo de 73.980 euros brutos anuales, se le acumulan los problemas y las denuncias, pese a que desde hace unos meses está de baja por enfermedad.

La fiscalía denunció a la esposa de Morilla, Ana Fernández, por ese mismo cortijo construido entre 2003 y 2006 y por el que cometió presuntamente un delito urbanístico que ha prescrito. "Morilla colaboró en la ejecución y promoción del delito tanto como la solicitante de la licencia [su esposa] (...) lo alzado no es legalizable (...) el alcalde supuestamente dio la licencia ilegal con conocimiento de que era contraria a las normas urbanísticas vigentes", estableció el fiscal de Medio Ambiente el pasado julio. En su decreto, el ministerio público dejaba la puerta abierta al Ayuntamiento para "el oportuno restablecimiento de la legalidad urbanística, incluyendo si procede la demolición en vía administrativa de los actos edificatorios ilegales". De momento, el cortijo de Morilla se conserva intacto.

Tras el escándalo que ha salpicado a Morilla y que está en boca de todos en Morón, el alcalde denunció ante los juzgados a un vecino por publicar un panfleto con el texto: "Nuevo caserío cortijo de Zafra. Para esta obra que vale más de 700.000 euros el señor Morilla pidió una licencia de obra de remodelación cuyo presupuesto era 54.750 euros". Asimismo, Morilla acusa a este vecino de enviar una misiva al presidente del PP, Mariano Rajoy, en la que le alerta de un caso de financiación irregular del partido en Morón.

Mientras, la próxima cita de Morilla en los juzgados será para la celebración de un juicio que ya fue suspendido. La fiscalía le pide un año y medio de cárcel y nueve años de inhabilitación por permitir junto a su antecesor, José Párraga (PSOE), la instalación de un aparcamiento de camiones y varias industrias ilegales que hacen la vida imposible a los vecinos. "Morilla optó por una política de consolidación de un polígono industrial en la zona completamente ajena a la legalidad vigente (...) Entre 2001 y 2005 tuvieron lugar al menos ocho plenos municipales en que se advirtió de la ilegalidad de la zona y las consecuencias que estaban sufriendo los vecinos", censura la fiscal.

Por su parte el PSOE de Morón ha criticado las ausencias de Morilla en el 77% de los plenos ordinarios desde enero de 2007. De 39 sesiones ordinarias se ha ausentado en 30 ocasiones y de las 47 sesiones extraordinarias celebradas no acudió 23 veces. El alcalde rehusó hacer declaraciones para este reportaje.

Mientras, la fiscalía denunció a cinco empresas aceiteras por verter al río Guadaira sus desechos, y en paralelo denunció a Morilla y al concejal de Medio Ambiente, Antonio Ramírez, por su "total inactividad" para evitar dichos vertidos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ya resaltó en su día la "situación crítica de la calidad de las aguas". Un juzgado de Morón investiga el caso.