Reducir el gasto público también es de izquierdas

En tiempo y forma, el Gobierno presentó el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011 (PGE-11). En total, estamos hablando de casi 300.000 millones de euros (el 27,5% del PIB) en operaciones no financieras consolidadas, es decir, descontadas las transferencias cruzadas que se hacen entre sí los distintos entes afectados. De esta cifra, un 40% corresponde al Estado; otro 40%, a la Seguridad Social, y el 20% restante, a los organismos. A su vez, buena parte de los gastos del Estado no los ejecuta él directamente, sino que son transferencias a las administraciones territoriales como parte de su sistema de financiación (28.034 millones), que son las que hacen el gasto final.

Lo que algunos llaman la dictadura de los mercados es sentido común: hay que gestionar bien la economía

El principal riesgo es que el PIB crezca menos del 1,3% y que comunidades y ayuntamientos gasten más

Los Presupuestos para 2011 se empezaron a diseñar el pasado mes de mayo, cuando, ante el estallido de la crisis de la deuda soberana, los Gobiernos europeos tuvieron que dar un giro a su política fiscal y tomar medidas para sanear las cuentas públicas, cuyos déficit habían alcanzado niveles históricos e insostenibles financieramente. El Gobierno español adoptó medidas que, por un lado, aseguraban el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit del conjunto de las administraciones públicas del 11,1% en 2009 al 9,3% en 2010 y, por otro, intensificaban este proceso de ajuste para 2011 al corregir a la baja el déficit previsto para ese año del 7,5% del PIB inicial al 6%. Por tanto, en las grandes líneas directrices de los Presupuestos no ha habido novedades. Esta senda de ajuste fiscal, que tantas ampollas está levantando en la sociedad española, es totalmente necesaria no solo porque lo impongan los mercados financieros o los socios de la zona euro, sino porque es buena para nuestra economía. Seguir manteniendo déficit tan abultados habría llevado a una situación de quiebra y de ruina al país. El debate debería centrarse en cómo sanear las cuentas públicas, si reduciendo los gastos -y cuáles-, aumentando los impuestos o mediante una combinación de ambas vías.

El Gobierno ha optado por la vía intermedia haciendo más hincapié en el gasto, con lo que parece indicarnos que no solo reducir los impuestos, sino recortar el gasto público, incluso su componente social, también es de izquierdas. Al final, hasta los Gobiernos más ideologizados se rinden a lo que es obvio: que, por encima de todo y para el bien de todos, la economía debe gestionarse bien. Algunos llaman a esto la dictadura de los mercados, cuando no es sino una regla de sentido común. Por el lado de los ingresos, los PGE-11 contienen medidas de aumento de impuestos en la línea que ya se viene haciendo desde 2009. Con tales medidas, la recaudación habrá aumentado en 2010 en 5.780 millones y se espera que lo haga en otros 4.890 millones en 2011. En total, aproximadamente la cuarta parte de la reducción del déficit entre 2009 y 2011 se habrá debido a medidas discrecionales de subidas de impuestos por parte del Gobierno central y del resto de administraciones; otra cuarta parte se habrá debido a la recuperación autónoma de los ingresos tras el batacazo de 2008 y 2009, especialmente del IVA, y la mitad restante cabe atribuirla a la reducción del gasto. No parece una mala composición, si no fuera porque la reducción del gasto se ha basado en demasía en lo que es más fácil, un recorte drástico de la inversión pública y una reducción indiscriminada de los sueldos de los funcionarios. Se echan en falta medidas y reformas que hagan menos costosa la provisión de los servicios públicos y que aumenten la productividad del sector.

La reducción del déficit al 6% del PIB en 2011 debe constituir una de las piedras angulares de la política económica. La credibilidad y la recuperación de la confianza de las familias, empresas e inversores están en juego. Hay dos riesgos principales para que no se alcance este objetivo. El primero, que la economía crezca menos del 1,3% previsto por el Gobierno y ello produzca menores ingresos y mayores gastos. El riesgo parece alto, pues en estos momentos el consenso de analistas da un crecimiento del PIB del 0,6%. Esta diferencia supone unas tres décimas más de déficit. El otro riesgo es que las comunidades autónomas y los municipios, envueltos en un año electoral, no cumplan sus compromisos. El Gobierno deberá estar vigilante y adoptar las medidas de ajuste necesarias si llegara el caso.

Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).