Del endeudamiento al recorte

No fue tanto lo que dijo como lo que obvió. El presidente Francisco Camps defendió ayer su política de infraestructuras y transportes con una retahíla de inversiones: "Hemos actuado en 335 kilómetros de carreteras autonómicas, construido o mejorado más de 150 kilómetros de metro, tranvía (...)". Un balance para el que Camps tuvo que remontarse a la legislatura anterior, la de 2003, y del que obvió la deuda que arrastra.

El año 2007 -cuando estalló la crisis- puso a la Generalitat contra las cuerdas. Según los contratistas de obra pública, la licitación se desplomó un 60% de entonces hasta 2009. La Consejería de Infraestructuras y Transportes, así como sus sociedades, pasaron de licitar obras por casi 854,4 millones de euros en 2007 a hacerlos por 195,5 millones en 2008.

En el limbo se han quedado parte de la segunda corona metropolitana, la CV-10, o la CV-95, el acceso norte al puerto de Valencia -asumido en el primer protocolo de carreteras- o la sangría económica que arrastra Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), con una deuda estimada en 1.500 millones de euros, según la oposición. Esta situación ha llevado a la Consejería de Infraestructuras a buscar socios privados para completar tanto la línea 2 de Valencia como la de Alicante.

El Consell arrastra además retrasos en la aprobación de dos leyes vitales para el transporte valenciano: la ley de seguridad en el transporte -prometida tras el accidente de metro de 2006- y la ley de gestión del ferrocarril.

Hace escasos meses, Camps presentó sin hacer balance del primero el segundo Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE), que se aplicará de 2010 a 2020 y que movilizará más de 50.000 millones, la mayoría de fondos del Estado y privados.