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Los menores extranjeros en acogida mienten sobre su edad

De las 14 pruebas óseas realizadas, en 11 los jóvenes superaban los 18 años

Las pruebas de la Fiscalía alavesa a los jóvenes extranjeros que se encuentran acogidos en los centros de la diputación han puesto de relieve que, entre los casos dudosos, buena parte de ellos se trataba de jóvenes que rebasaban los 18 años. Con los primeros resultados, se ha demostrado que 11 de las 14 pruebas realizadas, el 78%, correspondían a chicos mayores de edad. Todos ellos han salido de los centros de la diputación alavesa, que en los últimos años han ido acogiendo un número elevado de menores extranjeros no acompañados, conocidos como mena.

El Ministerio Fiscal alavés ha comenzado este año a practicar las pruebas óseas a algunos de los jóvenes acogidos en los centros de la provincia para determinar su edad. Según explican desde la Fiscalía de la Audiencia de Álava, a día de hoy se están realizando otras 26 pruebas para conocer las edades de estos jóvenes. Este año, dos chicos se han negado a hacerse las pruebas. En estos casos, el Ministerio Fiscal da por hecho que son mayores de edad. A ellos se sumaron otros 15, que en abril escaparon de los centros para evitar los exámenes para determinar su edad.

La Fiscalía de la provincia tiene pendientes otros 26 análisis de este tipo

¿Qué es lo que ocurre con estos jóvenes cuando son expulsados de los centros? Desde el Departamento de Política Social de la diputación explican que buena parte de ellos entran en el circuito de los servicios sociales de base, aquellos que se prestan desde los Ayuntamientos. De este modo, no dejan de recibir atención y algunos acceden a las ayudas sociales.

La diputada foral de Política Social, Covadonga Solaguren, aseguró a finales de 2009 que el 80% de los jóvenes extranjeros de los centros de la diputación no eran menores de edad. El diputado del PNV Emilio Olabarria rebajó después el porcentaje al 60%. Este impulsó una iniciativa en el Congreso, que culminó con una resolución en la que se pedía al Gobierno central que impulse, junto con las comunidades autónomas, un protocolo de actuación en los casos en los que sea necesario hacer una prueba para determinar la edad. Olabarria ya aseguró entonces que las pruebas óseas, las que realiza la Fiscalía, son las más fiables.

Las pruebas no son un indicador de que en los últimos meses los centros de menores extranjeros hayan atraído a más jóvenes con documentación falsa, sino de que la saturación de la infraestructura alavesa el pasado año -los mena aumentaron un 450% entre 2008 y 2009- llevó a la diputación a denunciar esta realidad como forma de poner coto a la demanda. Según la memoria del Ministerio Fiscal del pasado año, cada mes Álava atendió a 112 a menores extranjeros, una cantidad elevada y desproporcionada en cuanto al número de habitantes en comparación con otras provincias de fuera de Euskadi. A pesar de todo, desde el Departamento de Política Social de la diputación, explicaban el viernes que la situación no es la misma que en 2009. De hecho, desde mayo uno de los recursos habilitados para acoger a estos jóvenes en Estíbaliz ya no se utiliza.

El trato proporcionado a los menores extranjeros ha sido, en los últimos tiempos, fuente de reproches de la Fiscalía y el Ararteko hacia la Diputación de Álava. Tanto el Ararteko como la Fiscalía identificaron un rechazo sistemático de tutelas de extranjeros por parte de esta institución desde mediados hasta finales de 2009. De hecho, se ha denunciado que se desconoce el paradero de 32 de los 41 jóvenes a los que se les denegó la tutela entre julio y diciembre de ese año.

El Ararteko también exigió a la diputación que mantuviera la tutela de aquellos menores extranjeros que abandonan la provincia. Sin embargo, desde el Ministerio Fiscal aseguran que en estos casos "son numerosas las resoluciones de la diputación en las que decretan el cese de la tutela de los mismos por lo que no mantienen la tutela".

El colectivo de menores extranjeros recibió en mayo un jarro de agua fría, después de que el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales decidiese echarse atrás con respecto a hacer una excepción con estos jóvenes para que puedan acceder a la renta de garantía de ingresos. La norma establece que la RGI se puede percibir a partir de los 23 años, pero el Ejecutivo anunció que añadiría una excepción para colectivos como el de los mena. La crisis echó por tierra la medida.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de septiembre de 2010