Xúquer Viu denuncia la paralización "irresponsable" del plan del Júcar

La redacción del nuevo plan del Júcar permanece atascada por la disputa sobre el control del agua y las competencias entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. El Ministerio de Medio Ambiente no ha logrado hasta ahora que las dos comunidades que comparten el río lleguen a un acuerdo para gestionarlo. No hay plazos ni horizonte para solucionar el conflicto y mucho menos para cerrar el nuevo plan.

Así lo admitió indirectamente el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, la semana pasada en Valencia al destacar la dificultad de abordar la planificación hidrológica en zonas "especialmente conflictivas" como el Júcar e insistir en que en este caso "ya hay un plan vigente". Una postura que, a juicio de Xúquer Viu, implica una "renuncia" del Gobierno a elaborar el plan en esta legislatura que es "inaceptable e irresponsable". Supondría, además, "la mayor regresión en la política hídrica efectuada en los ríos valencianos en los últimos 10 años".

La disputa política atasca la redacción del documento para gestionar el río

"La demarcación del Júcar ha pasado de ser una cuenca piloto a estar en el furgón de cola de la planificación de la nueva política europea del agua", afirma la plataforma ecologista y ciudadana, que critica con dureza la "falta de voluntad política" para solventar las diferencias tanto del ministerio como de la Generalitat y la Junta de Castilla-La Mancha. En su opinión, las Administraciones implicadas abocan al futuro plan a la "paralización sine díe" y permiten una prórroga de facto de la ordenación vigente, que se aprobó en 1998 y que está parcialmente anulada por una sentencia del Tribunal Supremo de finales de 2004.

Xúquer Viu rechaza la posibilidad de prorrogar por la vía de los hechos el plan de cuenca actual y "ampliará" la denuncia presentada ante la Comisión Europea el pasado junio por el retraso acumulado en la redacción del nuevo documento de gestión del Júcar, que debería haber entrado en vigor en diciembre de 2009.

Este no es el único plan hidrológico con demora, pero sí se enfrenta a obstáculos añadidos. El fallo del Supremo obliga a cambiar los límites de la cuenca, que ahora abarca desde Tarragona a Alicante, porque deben desgajarse los ríos que nacen y mueren en la Comunidad Valenciana. La Generalitat, sin embargo, se resiste desde 2004 a asumir sus competencias, a pesar de que están previstas en el Estatut, y aboga por una gestión conjunta como la actual e incluso "una autoridad única del agua" para toda España, como dijo recientemente el consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino. En cambio, Castilla-La Mancha exige que se cumpla a rajatabla la sentencia y quiere limitar la futura demarcación al Júcar y sus afluentes, lo que eliminaría de la misma ríos como el Turia y el Mijares y permitiría a la Junta que preside José María Barreda ganar peso en los órganos gestores. Las posiciones de ambas comunidades están tan alejadas que Puxeu ha llegado a decir que "es más difícil llegar a acuerdos para el Júcar que para el Danubio", en el que se han puesto de acuerdo 14 países.

En este contexto, según señala Xúquer Viu, la paralización del proceso de aprobación del plan por la disputa política supondrá "graves impactos ambientales, económicos y sociales con consecuencias negativas de larga duración". Entre otros motivos, porque los "escasos" avances conseguidos en la administración de los recursos del Júcar en los últimos años "se ponen en peligro" al prolongar la vigencia del actual plan, que "ha consolidado" la senda de la sobreexplotación de acuíferos y su contaminación, y no marca caudales ecológicos y otras medidas necesarias para un "uso racional del agua".

Con el plan del Júcar empantanado y con otros también retrasados, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó a mediados de mes un decreto que pretende desatascar al menos los informes de los llamados esquemas de temas importantes, que equivalen a un borrador de los futuros planes hidrológicos. Los consejos del agua de las nuevas demarcaciones deben realizar un informe final de esos esquemas, pero esos órganos no se han creado por desacuerdos entre autonomías. El Gobierno se reserva la opción de sacar adelante los informes en las actuales juntas de gobierno de las confederaciones hidrográficas y exponerlos al público. De esta forma también daría respuesta al apercibimiento de la Comisión Europea por el retraso de los planes.

En el caso valenciano, sin embargo, no falta solo crear el consejo del agua, sino que está por definir la propia demarcación. Por ello, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) encargará un dictamen jurídico sobre la aplicación del decreto, ya que la decisión de dar vía libre al esquema de temas importantes en su junta de gobierno puede enfrentarse a recursos de la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha por el incumplimiento de la sentencia del Supremo.