La ex secretaria de Larrañaga testifica sobre el proceso de contratación y pagos en Cultura

Tras las vacaciones de verano, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, volvió ayer a tomar declaraciones a testigos en su investigación de la supuesta trama corrupta del caso De Miguel, que implica a una quincena de altos responsables o personas relacionadas con el PNV alavés.

Inés Pérez, secretaria del ex viceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga, declaró ayer a petición de la defensa de éste para corroborar la versión de su cliente, imputado por haber autorizado con su firma los contratos suscritos por Cultura con las empresas Errexal y Kataia Consulting. En su declaración ante el juez el pasado 10 de junio, el viceconsejero sostuvo que se fiaba de su entonces director de Juventud, Xabier Sánchez Robles, también imputado, y de los expedientes y órdenes de pago que le iba pasando. Afirmó que no verificaba la ejecución posterior del contrato o si la remuneración era proporcional al trabajo. Citado ese mismo día, Sánchez Robles se acogió a su derecho a no declarar. Ambos están imputados por prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

El otro testigo citado explicó los detalles de su labor para Errexal

Fuentes jurídicas indicaron que la ex secretaria de Larrañaga detalló el funcionamiento del proceso de firmas. Recordó que ella fue secretaria del anterior viceconsejero y se mantuvo en el puesto tras la salida de Larrañaga del Ejecutivo. Explicó que era la única persona dedicada exclusivamente a trabajar con Larrañaga y que se encargaba de recoger los contratos y documentos de las cuatro direcciones que dependían del viceconsejero. La testigo agregó que se los pasaba a Larrañaga para que los firmase y luego los devolvía a los respectivos directores.

También testificó ayer Unai Muñoa, el joven contratado por Errexal para la creación y mantenimiento de un blog encargado por Juventud, un contrato por un importe aproximado de unos 50.000 euros. Muñoa explicó que fue contratado por la empresa de Iñaki San Juan, ex concejal del PNV que no ha sido imputado en la causa, para realizar la tarea desde la sede del Gobierno en Vitoria entre 2006 y 2009. Cobró unos 1.200 euros mensuales durante ese periodo.