El verano casi perfecto de Marbella

Michelle Obama dando un paseo por el centro histórico de Marbella (Málaga), una ocupación hotelera de ensueño y ser uno de los municipios que acogen la vuelta ciclista a España. Después de tres años de gobierno, la alcaldesa popular Ángeles Muñoz ha conseguido uno de sus principales propósitos al llegar al Consistorio, conseguir que Marbella aparezca en los medios de comunicación por su potencial turístico y no por la corrupción. La única sombra que ha enturbiado este verano casi perfecto ha sido la adjudicación por parte su equipo de gobierno de tres locales comerciales en el Puerto Deportivo a una empresa participada por el hermano de la edil Alicia Jiménez, responsable precisamente del área de Puertos.

El equipo de Muñoz insiste en que la cesión es "legal" e "impoluta"

El PSOE cree que la concejal debió de inhibirse y pide que se anule la decisión

La polémica decisión, adoptada el pasado 29 de junio en una junta de gobierno local, ha dado alas a la oposición socialista. En menos de una semana han interpuesto un recurso exigiendo al Consistorio que anule la adjudicación, han prometido llevar la cesión a la Fiscalía Anticorrupción y han reclamado un pleno extraordinario para desmigar el tema. El asunto escuece especialmente al gobierno de Muñoz porque es el tercer edil de su equipo que aparece vinculado a contratos municipales. El más sonado fue la contratación en 2008 de 240.000 euros en materiales de construcción con la empresa La Juanita, propiedad al 50% del edil de playas, Antonio Espada, y que la oposición llevó a los tribunales. Las familias de Alicia Jiménez y del también edil Antonio Maíz han alquilado propiedades al Consistorio.

Hartos de que se "judicialice la vida política marbellí", los populares han repetido hasta la saciedad que la adjudicación relacionada con el hermano de Alicia Jiménez es "impoluta" y "cuenta con todos los parabienes". "Se aprobó por asuntos urgentes porque no dio tiempo a que entrara en el orden del día y la advertencia del interventor de que faltaban informes no es más que una coletilla que se incluye por defecto. Está perfectamente informado", explican fuentes del departamento de contratación.

Los locales salieron a concurso en dos ocasiones anteriores, pero la adjudicación terminó desierta. "Se podrían haber rebajado hasta un 25%, pero se aguantó el precio porque creímos que tenían un buen reclamo y saldrían", asegura una portavoz municipal. La empresa Sersagim S. L., de la que es socio Francisco Javier Jiménez, hermano de la edil, los consiguió ofreciendo 240.000 euros por explotarlos hasta 2027. Cada uno de los locales, ubicado en una zona recientemente remodelada, le costará unos 400 euros mensuales.

Diego Lara, edil marbellí del PSOE, insiste en las "condiciones ventajosas" del trato y defiende que la edil debió de inhibirse en la votación. Se ampara en el artículo siete de la Ley 5/2006 de regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos Cargos de la Administración del Estado. El epígrafe obliga a retirarse de la mesa a los altos cargos que tienen que decidir sobre asuntos que interesen a empresas en las que tengan participación familiares de segundo grado.

El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, lo rebate con un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. "Sólo hay incompatibilidad para cónyuges e hijos", dijo.

Ángeles Muñoz se ha mantenido alejada de la polémica casi toda la semana. El lunes, 30 de agosto, tildó el paso de la Vuelta de "gran colofón" a un mes en el que la ciudad había estado vinculada a "noticias muy positivas". El viernes, 3 de septiembre, recriminó al PSOE su línea de oposición. "Se descalifican ellos solos (...) han llevado ocho asuntos a Fiscalía y en ninguno de ellos se han tenido evidencias de irregularidades", declaró. Los socialistas, reducen los pleitos a dos: la anulación de la subida del agua, y los contratos del edil Antonio Espada. Ambos siguen adelante, según el secretario del PSOE local José Berna.