El Consell cree que no se abrirán nuevas causas vinculadas a Gürtel

El Gobierno valenciano trabaja con un escenario único: que no se abran nuevas causas antes de las elecciones contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ahora imputado por un delito de cohecho pasivo impropio por haber recibido trajes regalados por las empresas del caso Gürtel. La portavoz del Ejecutivo valenciano, Paula Sánchez de León, rechazó ayer que haya preocupación en Presidencia por la posición de la Fiscalía Anticorrupción, que defiende que se abra una nueva causa en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por supuestos delitos de cohecho propio, financiación ilegal o tráfico de influencias contra los principales dirigentes del PP valenciano.

El Consell da la información "que por imperativo legal" tiene que dar

"No estamos preocupados, entre otras cosas porque no hay nuevos delitos. No hay nada nuevo en el [último] informe policial y nuestra posición no ha variado en los últimos meses", indicó Sánchez de León, que descalificó la actuación de la policía.

Para la portavoz del Consell, los informes policiales son "sesgados, tendenciosos y falsos, que han sido filtrados a los medios de comunicación y que se están utilizando en momentos puntuales por aquellos que tienen interés en convertir esto en un debate público". "Cada uno puede deducir dónde se emiten esos informes, quién tiene acceso a ellos y quién puede tener interés en que se filtren", remachó.

Sánchez de León negó que los informes policiales y las peticiones de la Fiscalía puedan hacer peligrar la candidatura de Camps en las próximas elecciones autonómicas. "Camps es el presidente más confirmado de toda la historia", dijo la portavoz, que argumentó que Mariano Rajoy ha tenido que confirmarlo nuevamente "porque se ha generado un debate artificial". "Los que han generado dudas son los que todavía no saben quién es su candidato", remachó en referencia a los socialistas.

En este contexto, la también consejera reconoció que el Consell no piensa facilitar a la oposición parlamentaria más información que la estrictamente obligatoria. Interpelada por si facilitarán a los socialistas los contratos de la Generalitat con el grupo Sedesa, que según la policía financió ilegalmente al PP, Sánchez de León dijo que el Consell "siempre ha trasladado y traslada toda aquella documentación que por imperativo legal tenga que trasladar".

La consejera portavoz censuró que se vinculen los informes de la Generalitat con el grupo Sedesa, que es propiedad de la familia del vicepresidente Juan Cotino, con el informe de la brigada de blanqueo de capitales que apunta a que esta empresa financió de manera irregular al PP a través de Orante Market.

El grupo socialista ha solicitado, hasta ahora sin éxito, acceder a los expedientes de la Generalitat de las contrataciones con Sedesa.

Frente a las descalificaciones de los informes policiales, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, salió en defensa del trabajo de la brigada de blanqueo de capitales realizado a instancias del juez.

"La mejor manera de contestar al contenido del informe es dar información cumplida, veraz y concreta de todas las actuaciones y contrataciones adjudicadas a las empresas que aparecen en el mismo", afirmó Peralta. "Cualquier otra respuesta es una excusa de mal pagador", sentenció el delegado del Gobierno.

El posicionamiento del Consell sobre el contenido del nuevo informe policial, que refuerza los indicios sobre la financiación irregular del PP, se produjo poco antes de conocerse que Génova había levantado la suspensión de militancia al ex secretario general de los populares valencianos Ricardo Costa.

El ex secretario general del PP recibió la felicitación de numerosos cuadros del partido, incluido el propio presidente de la Generalitat. Fuentes populares indicaron que Costa esperaba desde hacía meses su regreso a la disciplina popular, aunque ello no supondrá ningún cambio en el estatus que ahora ocupa como último diputado de la bancada popular en las Cortes Valencianas.

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, tachó "coherente" la decisión del PP de levantar la suspensión de militancia a Ricardo Costa porque en ese partido "todos los corruptos están dentro". La coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, tachó de "burla" la readmisión de Costa en el PP. "Es vergonzoso".