El PP de Estepona denuncia a Valadez por prevaricación

Los cuatro ediles del PP de Estepona (Málaga) y un representante del sindicato de funcionarios CSIF llevaron ayer al alcalde David Valadez (PSOE) a los tribunales por pagar la nómina de los 1.300 empleados municipales con dinero de los convenios urbanísticos, que la ley impide utilizar para otro uso distinto que el de la gestión del suelo. La denuncia, interpuesta a las 13.05 en el juzgado de guardia, pide que se investigue al alcalde, al tesorero, Javier Marín García, y al secretario, Francisco de Paula Llamas, por prevaricación, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Los denunciantes acusan al Ayuntamiento de utilizar "más de 7,5 millones de euros" depositados por convenios urbanísticos para pagar salarios. Esto contraviene, según los denunciantes, los artículos 30 y 75 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. "El uso de los fondos urbanísticos está completamente reglado (...) y en ningún caso se contempla la posibilidad de pagar gastos corrientes", mantienen.

Informes de todo tipo

Valadez reconoce que se ha cogido dinero de los convenios para pagar las nóminas de julio y defiende la legalidad de su actuación, aunque la interventora municipal emitió un informe en contra. "La operación cuenta con informes favorables de la tesorería municipal y la asesoría jurídica. Además, el Patronato Provincial de Recaudación se ha comprometido a reponer el dinero que se utilice a partir de 2011, a razón de 512.000 euros mensuales, por lo que su regreso a la cuenta de urbanismo está garantizado".

A los apuros económicos de su inflada plantilla, Estepona añade el panorama político que dejó el caso Astapa. El gobierno en minoría de Valadez, uno de los denunciantes de la supuesta trama, sufre las continuas zancadillas de una oposición en la que hay ocho ediles imputados por corrupción. Son 14 votos de la oposición contra once del equipo de gobierno. La edil de Hacienda y Seguridad, Francisca Bernal, dimitió hace unas semanas "por problemas de salud".

La última iniciativa, del edil no adscrito Juan Manuel Rodríguez, propone que se eliminen en el municipio las tasas de alcantarillado, basuras y licencia de apertura de establecimientos, además de bajar el tipo impositivo del IBI al mínimo, del 0,7 actual al 0,4. "Si se aprueba, se dejarán de ingresar 16 millones de euros", estima el regidor.