Un alcalde condenado por malversar logra el tercer grado tras un año de cárcel

José Antonio Rodríguez Ferreiro, el ex alcalde del Partido Popular en la localidad ourensana de Os Blancos que, según solía decir, sólo obedecía órdenes de Dios, la Virgen y José Luis Baltar -a quien llegó a erigir un busto en medio del pueblo- ya puede salir de la cárcel a diario. Rodríguez Ferreiro vuelve a prisión solo a pernoctar, aunque ha cumplido únicamente un año de los cinco y tres meses de reclusión a los que fue condenado por los delitos de prevaricación, falsedad continuada y malversación de fondos públicos. Se llevó 240.000 euros del Ayuntamiento.

Rodríguez Ferreiro ingresó en la cárcel de Pereiro de Aguiar en julio del año pasado. El Código Penal establece que el tercer grado -el que Instituciones Penitenciarias le ha aplicado, y firmado el juez que le permite salir a diario y pasar en la calle los fines de semana completos- sólo se debe aplicar cuando se ha cumplido la cuarta parte de la condena.

Entre las excepciones para conceder el tercer grado sin haber cumplido ese tiempo de cárcel, el Código Penal contempla el resarcimiento del objeto de la condena. Sin embargo, Ferreiro ha conseguido esta ventaja penitenciaria, y la de pasar fuera los fines de semana (que estrenó ayer), aún sin haber devuelto el dinero que sustrajo de las arcas municipales de Os Blancos en 1997.

Según se puso de manifiesto en el juicio, el ex regidor ordenó pagos ilegales e hizo caso omiso a las advertencias de ilegalidad que le puso de manifiesto la secretaria-interventora municipal en numerosas ocasiones. Además, quedó acreditado que obligaba a algunos funcionarios a ir al banco a cobrar cheques con cuyo importe se quedaba él.

Estando ya condenado, e inhabilitado para el ejercicio de la política, pero en espera de los indultos que finalmente no llegaron, Rodríguez Ferreiro intentó manipular el censo electoral en el mismo municipio de Os Blancos. Lo hizo empadronando en las últimas elecciones municipales a 85 personas, en un ayuntamiento con un censo de 1.000 habitantes, en su propio domicilio y en el de un pariente. El INE intervino cuando detectó que se acumulaban personas en viviendas de 100 metros cuadrados.