Los británicos de Almería ultiman su estrategia para regularizar 5.000 casas
Los propietarios afectados participarán en las comisiones municipales
La comunidad británica residente en Almería cuyas viviendas se consideran fuera de ordenación urbanística se organiza estos días para defender sus intereses que pasan, en lo fundamental, por mantener en pie más de 5.000 propiedades en una decena de municipios, principalmente del Valle del Almanzora. Está previsto que a principios de septiembre se constituyan comisiones en cada uno de estos ayuntamientos para tratar de encontrar soluciones y dar cobijo dentro de la norma a la mayoría de las viviendas afectadas.
Es la primera vez que la Administración tiene en cuenta a los afectados y les permite ser testigos directos de un proceso que se adivina largo y que tuvo su momento cumbre hace dos con el derribo de la primera vivienda, propiedad de la familia Prior.
La Administración pretende dar cobijo legal a la mayoría de las viviendas
El primer paso será dar facilidades para contratar la luz eléctrica y agua
Existen decenas de sentencias de derribo sobre otras tantas casas en el Almanzora pendientes de ejecutar y que tienen sus esperanzas puestas en lo que determinen las mencionadas comisiones. En general, se trata de viviendas que se han construido o rehabilitado durante los últimos 50 o 60 años en el suelo rústico de localidades que, incluso, no redactaban planes generales hasta esta década ni conocían la competencia municipal en materia urbanística.
Un primer paso ha sido la elaboración de Planes Municipales de Inspección mediante convenio suscrito con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda al que se han adherido Albanchez, Arboleas, Albox, Lubrín, Cantoria, Zurgena, Partaloa y Oria; que comparten problema, pero cuya solución será estudiada de manera independiente. Estos planes son un catálogo, una "herramienta para que los Ayuntamientos puedan saber la dimensión de su problema y saber cómo deben ejercer la competencia municipal", explica la delegada provincial de la consejería, Ana Vinuesa, partidaria de "no criminalizar la situación". "Los ingleses han decidido vivir aquí y ha de hacerse dentro de la normativa", subraya. La Junta se ha comprometido a dar soluciones "transparentes" y a "consensuar" una hoja de ruta.
La comunidad británica constituyó la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) y una delegación fue al encuentro de la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, en una visita que ésta realizó en julio a Albox. Solo en esta localidad existen entre 500 y 600 viviendas fuera de ordenación. "Asistir a las comisiones es un paso muy importante para nosotros", valora Patricia Samson, portavoz de AUAN.
Uno de los primeros pasos previstos será facilitar la consecución de contratos de luz y agua en las viviendas que no disponen de estos servicios. Las más antiguas (de hasta 60 años) no tuvieron problema para darse de alta, pero sí lo tienen las construidas a partir de 2003, que necesitan licencia de primera ocupación, imposible de conceder al situarse en suelo rústico.
El largo proceso del primer derribo
La vivienda de la familia formada por los británicos Leonard John y Helen Prior, ubicada en el paraje La Loma de Vera, fue la primera sobre la que se dictó orden de demolición en virtud de la normativa urbanística autonómica que la consideraba fuera de ordenación, situación en la que se encuentran alrededor de 5.000 en la provincia propiedad de compatriotas de los Prior. El derribo se produjo el 9 de enero de 2008 en cumplimiento de una sentencia firme dictada por un juzgado de Almería en 2004, por estar edificada sobre suelo rústico.
El procedimiento fue elevado en principio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que decidió dar traslado de las actuaciones al Juzgado de lo Contencioso número 1 de Almería.
Después de muchas vicisitudes (los Prior han vivido hasta en un garaje), hace dos meses que la familia reside en una vivienda situada junto a la playa veratense. El alquiler ha de sufragar el Ayuntamiento de Vera, en cumplimiento de un auto judicial que obliga a la Administración municipal a proporcionar una casa que reúna las condiciones y características de la vivienda demolida o que, alternativamente, satisfaga la cantidad de 800 euros mensuales en concepto de alquiler de una vivienda de iguales condiciones.
Todo esto será hasta que se resuelva el recurso interpuesto por los Prior contra el Ayuntamiento de Vera al que reclaman más de 600.000 euros al considerar que es responsable civil de la pérdida de su residencia después de que otro magistrado declarase la nulidad de la licencia municipal de obras a instancias de la Junta de Andalucía.
El caso Prior disgustó a la comunidad británica y la AUAN organizó manifestaciones en Vera y en la capital exigiendo justicia, además de elevar instancia a la Unión Europea.
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