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Fiscalía reconoce la implantación de bandas latinas en Valencia

La memoria de Menores recoge informes policiales sobre su actividad

La Fiscalía de Menores reconoce en su memoria de actividad de 2009 que las bandas latinas se han instalado en Valencia. "Tenemos conocimiento de la implantación en Valencia de los siguientes grupos: Latin Kings, NTN, SS, Bloods y, en menor medida, Black Dogs y CAR", recoge el documento. No es una mera apreciación, ni siquiera una sospecha que provenga de algunas de las miles de causas que abordaron el pasado año. Es la información que la policía nacional les ha remitido, que se ha incorporado a algunas de las diligencias abiertas por esa sección del ministerio público y que da una primera medida del nivel de penetración que, entre los menores, tienen estos grupos.

El pasado año la policía nacional, concretamente el Grupo II de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores la presunta captación de dos menores a manos de la banda Latin Kings. La propia fiscalía califica el trabajo policial como "el más exhaustivo estudio realizado respecto a esta banda". Las diligencias se archivaron provisionalmente. ¿Por qué? "Por estimar que los datos aportados no son suficientes para la incoación de expediente de responsabilidad penal respecto de persona concreta y determinada, por más que con base en los mismos y de acuerdo con la experiencia pueda sospecharse que nos encontramos en presencia de una organización que utiliza los medios y se propone los fines propios de las bandas criminales o sectas destructivas".

Reclama un sistema para cruzar datos de despariciones y fugas de menores

El mismo equipo de la citada unidad policial especializada puso a disposición de la sección de menores de la Fiscalía de Valencia un informe sobre la banda NTN, que se supone, según esos datos, que apareció en Valencia en 2005. El trabajo policial versó sobre la relación de la banda con la desaparición o captación de menores "fundamentalmente chicas, una de ellas de 11 años". La policía tiene sospechas sobre quién dirige esta banda, un menor que no tiene aún los 14 años y que acumula más de media docena de diligencias policiales por robos con fuerza, con violencia y lesiones.

La Fiscalía de Menores reclama, y así lo hace constar en la memoria de 2009, un sistema que permita cruzar datos sobre desapariciones, fugas de domicilio, sobre todo de niñas, y los infractores de origen suramericano que cometan delitos.

Es una de las mayores preocupaciones de la Fiscalía de Menores de Valencia, cuya fiscal delegada es Gema García, pero no la única. La nueva delincuencia informática es otra de ellas. De entrada, admite que "existe un notable incremento de referencias a medios informáticos o nuevas tecnologías en muchos delitos o faltas". Y añade: "Habitualmente, las amenazas pueden originarse vía Internet, o lo que comienza siendo una pelea en la vía pública continúa con reproches a través de este medio". La sección de menores insiste en que la idea de anonimato por el hecho de actuar a través de la red es absolutamente falsa. Los menores creen estar impunes en sus actuaciones a través de las redes sociales que utilizan pero el rastreo de la IP (la identificación del terminal desde el que se ha metido un determinado contenido) acaba por desvelar al autor. Pero es necesaria, para facilitar la tarea, la complicidad de los dueños de las páginas web. En la memoria se relata cómo, tras varias denuncias sobre un espacio digital en el que se vertían mensajes compatibles con un delito, se pasó a que se añadiera en cada uno de ellos la IP. El resultado fue que la página tuvo que cerrar. La propuesta es clara por parte de la Fiscalía de Menores: "Que se promueva desde la Fiscalía de Sala el que todas las páginas web en las que pueden entrar los particulares a dejar sus opiniones se haga constar de forma automática la identificación del origen de los mensajes". Pide, además, mayor divulgación hacia la población menor de edad para que conozcan cómo usar de forma responsable y segura las redes sociales. Un inconveniente en la actuación contra quienes permiten que determinados contenidos se lancen en Internet es que los servidores están en EE UU. Solo Microsoft tiene un delegado en España que agiliza los procedimientos.

La Fiscalía de Menores tuvo 11.080 diligencias preliminares en 2009; se convirtieron en expedientes 2.517; fueron detenidos 2.090 menores; se activaron 216 medidas cautelares; se archivaron 4.561 asuntos que afectaban a menores de 14 años, que no están sujetos a la Ley Penal del Menor; se desistió en 953 casos; los juzgados de menores dictaron 79 sentencias absolutorias; 1.478 condenatorias, de las que 1.010 fueron por conformidad; a 31 menores se les internó en régimen cerrado; 216, en semiabierto; 22 en terapéutico; para 695 se decidió libertad vigilada; para 343, tareas socioeducativas; para 193, trabajos en beneficios para la comunidad.

Padres que no pueden más

Las dificultades de convivencia entre padres e hijos menores llegan en ocasiones a situaciones tan extremas como que los progenitores acudan a la fiscalía y pretendan que de forma inmediata los niños sean ingresados en alguna parte, da igual dónde. ¿Por qué? Porque no pueden con ellos. La memoria lo explica en estos términos: "De forma diaria se recibe en la guardia a padres con quejas y consultas respecto de sus hijos menores, observándose cada vez más casos de padres que ante la negativa del fiscal de internar a su hijo o hija, manifiestan que lo dejan, que lo llevemos a un centro, al que sea". ¿Qué hacen los padres? Si el menor no ha cometido una infracción penal por la que deba ser internado en los llamados centros de reforma, optan por el abandono de sus responsabilidades para con los hijos de modo que sea obligado intervenir para protegerlos.

La fiscalía cree que hay herramientas que pueden favorecer el entendimiento entre padres e hijos de este perfil de tensión en la convivencia familiar: una escuela de padres. "Ello conllevaría una mayor implicación de los padres en los centros, así como una mejor relación con el profesorado que atiende a los hijos problemáticos". Hay un ejemplo de buen funcionamiento y la Fiscalía de Menores hace expresa mención: la colonia San Vicente Ferrer. "La puesta en marcha de la escuela de padres ha contribuido notablemente a la reeducación y reinserción de los menores que incurren en este tipo de delitos [de violencia en el seno de la familia], logrando una elevada tasa de éxito en el retorno pacífico de los menores a la convivencia familiar".

Por eso la fiscalía pide que la Administración extienda un modelo como ese, al menos, al resto de centros donde hay menores internados en cualquier régimen o que puedan acoger un trabajo conjunto con padres e hijos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de agosto de 2010

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