"Mis hijos dirán que su padre ha luchado por algo"

"Después de más de 20 años trabajando la tierra lo más normal es que les dejemos algo a nuestros hijos". Manuel Bertolet es el presidente de la cooperativa Fuente Alamillo que explota la finca Merlina en el Bajo Guadalquivir, entre Lebrija y Las Cabezas de San Juan (Sevilla). Desde el año 1988, esta finca de 197 hectáreas, donde los siete cooperativistas cultivan algodón, girasol o remolacha, es una de las que el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) tiene en régimen de concesión a los colonos que nacieron de la reforma agraria.

A sus 55 años, Bertolet muestra su disposición y la de sus compañeros, mayores que él, a pujar por estas tierras. "Ahora mis hijos podrán decir que su padre ha luchado por algo", dice, recordando con emoción "el sudor y las lágrimas" que se han dejado aquí, "y algunos que se quedaron en el camino".

"Éramos jornaleros sin tierra", dice un agricultor de la localidad de Lebrija

Según el sondeo realizado por la Consejería de Agricultura, la mayoría de los 547 concesionarios de fincas rústicas que el IARA tiene por toda la comunidad están en disposición de asumir su propiedad después de más de dos décadas en calidad de colonos. También en el Bajo Guadalquivir, 11 socios gestionan la cooperativa La Amistad que explota la finca La Señuela, en Lebrija. Desde hace 15 años vienen pagando un canon anual, en torno a los 5.000 euros, por explotar las 105 hectáreas donde, por ejemplo, en la última campaña recogieron 80 toneladas de remolacha o 3.000 kilos de algodón. "Han sido años de mucho sacrificio para sacar la finca adelante", explica el presidente, Antonio Marín, de 61 años, que echa la mirada atrás con nostalgia: "Éramos jornaleros sin tierra". Varios socios de la cooperativa ya se han jubilado y otros están muy cerca de ella. De ahí que, teniendo en cuenta el desapego de sus hijos por la agricultura -"ahora no hay espíritu cooperativista", señala Marín-, ya piensan en arrendar la finca para obtener un complemento a su exigua pensión.

Las fincas de El Chantre y El Donadío, en la provincia de Jaén, son otro referente de la lucha campesina en Andalucía. Lo sabe bien Cristóbal Jiménez que, tras haber sido alcalde de Jódar y antes de ser parlamentario en la segunda legislatura autonómica, participó activamente en la marcha a pie que sindicalistas y jornaleros realizaron durate 42 días por todas las provincias andaluzas para reclamar la reforma agraria.

Como antiguo socio de la cooperativa Pozo del Tío Raimundo, Jiménez, de 65 años, con seis hijos y 10 nietos, valora la decisión de la Junta de ofrecer la propiedad de las fincas a los colonos. "Los bancos no daban créditos por carecer de patrimonio, así que bienvenido sea". Ahora bien, recela de la eficacia que la reforma agraria tuvo en su pueblo. "Se repartieron 42 lotes de 12 hectáreas cada uno a otras tantas familias, pero sólo en Jódar hay más de 4.000 jornaleros sin empleo". Por eso Jiménez, que volvió a la agricultura tras dejar la política, ha seguido participando en los últimos años en la ocupación simbólica de la finca La Peñuela, propiedad del Marqués de Medinilla, que ha sido uno de los últimos reductos de la lucha agraria en la comunidad.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) es la voz más crítica contra el final de la reforma agraria. "Estamos en contra de que se cierre ese capítulo de la lucha agraria, las tierras tienen que ser públicas", asegura su secretario general, Diego Cañamero, que en 1984 se puso al frente del antiguo Sindicato Obrero del Campo (SOC) sustituyendo a Diamantino García.