Estepona 'busca' 7,5 millones que cobró por convenios urbanísticos

El pleno del Ayuntamiento de Estepona encomendó ayer a la tesorería municipal que haga un arqueo de caja con la fiscalización de la Intervención para determinar el uso que se han dado a 7.565.957 euros que ingresó el Consistorio por convenios urbanísticos y que han desaparecido.

El alcalde, David Valadez (PSOE), apeló a la necesidad de aclarar si se han dispuesto o no los fondos y si se han aplicado conforme a lo permitido por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) antes de tomar medidas, entre las que no descarta incluso una denuncia judicial.

Un reciente informe de la tesorería municipal puso en alerta de un desfase sin justificar. Los fondos líquidos obrantes en la tesorería por depósitos de convenios urbanísticos ascienden a 24.586.320 euros; cuando entre el 11 de noviembre de 2005 y julio de 2010 se ingresaron por ese concepto en el Consistorio 32.142.277 euros. Hay por tanto un desfase de 7,5 millones de euros "sin que en la tesorería municipal obre documento alguno que dé fe o explique la razón de tal descuadre contable, y por tanto del destino dado a esta diferencia de cantidades", según refleja el informe.

El tesorero no descarta que el desfase pueda deberse a que realmente nunca fue ingresado el total del dinero aunque figure apuntado. El tesorero admite que no existe una cuenta específica para depositar estos fondos, tal y como marca la ley.

El pleno de ayer volvió a evidenciar la complicadísima gobernabilidad del municipio, con una oposición con mayoría, 13 concejales, entre los que hay ocho imputados por corrupción en el caso Astapa. Ayer, se anuló una providencia del alcalde que limitaba al 20% la subvención de la subida del IBI por aplicación de la revisión catastral que exceda del IPC, cuando en 2008 se acordó que fuera del 100%.El equipo de gobierno optó por votar a favor de la propuesta de la oposición para evitar una derrota, "ya que de todas formas se iba a aprobar". Pese a ello, el alcalde, David Valadez, lamentó que el Ayuntamiento recaudará menos dinero por el IBI de lo previsto y se quejó amargamente de la actitud de la oposición. "Es una situación absolutamente desesperante, no quieren que se pague nada, que hagamos nada, que se cierre el ayuntamiento", expuso.

La oposición ya impuso a finales de 2009 un acuerdo plenario de eliminación de las tasas de alcantarillado, basuras y licencias de apertura, algo que no ha llegado a ser efectivo en este año porque no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPMA) antes de que finalizara el anterior ejercicio presupuestario.

El pleno también abordó un espinoso asunto, el uso del dinero ingresado por convenios urbanísticos para el pago de nóminas, que ya se hizo en el mes de julio y que, según anunció Valadez, tendrá que hacer de nuevo en agosto. Sobre el papel, la LOUA es taxativa y determina que el dinero que los municipios ingresen a cuenta de convenios urbanísticos quedarán depositados en una cuenta especial y se podrá disponer de él hasta que no se aprueben definitivamente los planes urbanísticos correspondientes y no haya dudas de que se puede ejecutar lo pactado en el convenio -normalmente todos los convenios quedan supeditados a que la autoridad superior apruebe el planeamiento, y de no ser así se tiene que devolver el dinero cobrado a cuenta-. La ley además determina que ese dinero deberá usarse en el patrimonio municipal de suelo.

Valadez dice estar amparado por un informe de la asesoría jurídica y otro de la tesorería municipal que sí admiten el uso del dinero de los convenios para el pago de nóminas. Pero no así la interventora municipal, que realizó un informe de reparo al pago de las nóminas de julio que el alcalde levantó mediante decreto, asumiendo así toda la responsabilidad. El portavoz del PP, Ignacio Mena, anunció ayer que denunciará a Valadez en los tribunales por infringir la ley.

Ante las posiciones contradictorias de los distintos servicios técnicos y jurídicos, el alcalde ha anunciado que se va a solicitar un pronunciamiento al Consejo Consultivo de Andalucía para despejar dudas y blindar sus decisiones de la mayor seguridad jurídica posible.

El alcalde además aduce que se trata de un uso provisional del dinero y que se repondrá a partir de enero con los anticipos que reciba del Patronato Provincial de Recaudación, dependiente de la Diputación, a cuenta de los tributos municipales. En opinión del tesorero municipal, "esta reposición con cargo a los ingresos que ha de efectuar el Patronato resulta garantía suficiente del control contable y presupuestario de los fondos afectos al patrimonio municipal del suelo, así como a su disponibilidad misma; bien llegado el caso de dar cumplimiento a los fines que impone la LOUA, bien, ante la posibilidad de que se resolviese o anulase alguno de los convenios urbanísticos que han propiciado su ingreso".

En el mismo informe en el que reconoce el desfase de 7,5 millones de euros en el dinero depositado por el cobro anticipado de convenios urbanísticos, el tesorero aborda la cuestión y se muestra partidario de la doctrina que invoca los principios de caja única y de solidaridad, según la cual "cualquier ingreso de un ente público debe utilizarse indistintamente para financiar cualquiera de sus gastos". Además, el tesorero aduce que hay pagos "de preferencia indiscutible" que no deben quedar postergados. El PP, que si reconoce la autoridad de la interventora que puso el reparo al pago de las nóminas, no reconoce sin embargo el informe favorable del tesorero porque, según su portavoz, Ignacio Mena, "es de un sustituto que tiene categoría de auxiliar administrativo",