El derribo del tanatorio de Pontevedra durará tres días

Un hombre observaba ayer con satisfacción el comienzo de las obras de demolición del tanatorio ilegal de Montecelo, en Pontevedra. Era Adolfo González, dueño de la casa que linda con el edificio, que tras una década de batallas judiciales consiguió que el Tribunal Supremo le diese la razón.

"El tanatorio se hizo a mala fe, para molestar a los vecinos", explicó. Luego añadió: "Aquí en Galicia, donde la gente somos como somos, cuando alguien muere es como una fiesta, y la gente habla, se ríe [...] En este tanatorio los muertos estaban dentro y los demás, fuera; se escuchaba todo". "Y nadie quiere un cementerio o un tanatorio al lado de casa", se justificó..

Las tres empresas que promovieron el centro, Alianza y Barros, Central Funeraria y Pompas Fúnebres fracasaron en sus gestiones ante la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística y el Ayuntamiento para detener el derribo, al que obliga una resolución judicial. El tanatorio se construyó con todos los permisos, pero los magistrados entendieron que la autorización que dio en 1993 la Consellería de Política Territorial, en un terreno situado en suelo rústico, era ilegal.

El vecino que ganó el recurso cree que la obra "se hizo a mala fe"

Ahora aseguran que reclamarán a la Xunta por daños y perjuicios. La abogada de las empresas, Naír Fernández, indica que todavía no han calculado qué indemnización pedirán. "No podemos decir una cantidad siquiera aproximada porque el peritaje es complejo, pero sí sabemos que va a ser muy alta", anunció.

Las funerarias pretenden, de hecho, construir un nuevo tanatorio sobre las ruinas del que ahora cae. Según creen, los cambios en la ley del suelo que aprobó el Parlamento en marzo permiten la construcción de este tipo de establecimientos en suelo rústico.

González señala, respecto a esa posibilidad: "Si la Xunta lo autoriza me parece formidable, pero si insisten [las empresas], yo también; el camino lo sé y el abogado está deseando ganar un montón de dinero". El Ayuntamiento tendría que aprobar un plan de usos para permitir una nueva obra. El vecino cree que el acceso al centro, por una pista asfaltada por la que apenas pueden circular dos coches, dificulta la hipotética legalización.