Los inquilinos de los pisos que salen a subasta quieren parar el proceso

Decenas de vecinos arrendados en viviendas sociales en régimen de alquiler repartidas en cuatro distritos -Carabanchel, Moratalaz, Sanchinarro y Vallecas- acordaron ayer en una reunión ejercer "toda la presión posible para paralizar la subasta" por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Las cuatro promociones, que saldrán a subasta el próximo 13 de septiembre, suman un total de 630 pisos, por los que la EMVS espera obtener al menos 64.380.000 euros, que irán destinados a aliviar la deuda de la empresa pública cifrada en 1.004 millones de euros.

Detrás de la protesta vecinal está el hecho de que los inquilinos confiaban en que, aunque sus pisos están calificados de alquiler, sin opción a compra, la EMVS les ofrecería algún día ("facultativamente", dice en sus contratos) la posibilidad de comprar su casa. "Miembros de la EMVS dijeron textualmente que ofrecerían la opción de compra a precio de protección y que si no seguiría el arrendamiento", dijo ayer Eva Solana, una portavoz de los vecinos. Sin embargo, independientemente de que las promociones sigan en manos públicas o privadas, a partir de 2020 (año en el que expira la protección pública de la última de las promociones) pasarían a régimen libre por lo que tanto la empresa pública como cualquier eventual comprador puede seguir alquilándolas o venderlas a precio de mercado.

Incumplir la ley

Desde la EMVS recordaron ayer que la posibilidad de subasta se recogen en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y que si ahora se vendieran las viviendas a los inquilinos, tal y como reclamó ayer el PSOE, que estuvo presente en la reunión de los vecinos, se incumpliría la normativa vigente. "La ley regula la posibilidad de vender las promociones enteras, no permite piso por piso, y siempre a personas jurídicas, nunca físicas, con el fin de mantenerlas en arrendamiento mientras dure la calificación", precisó Pablo Luanga, director de Gestión de la EMVS. "Por lo tanto, el PSOE está desinformando a los vecinos y manifiesta un desconocimiento de la normativa que el propio Ministerio ha establecido".

Los inquilinos, que pagan alquileres entre 300 y 600 euros, han acordado organizar protestas "todos los miércoles y viernes a las 11.00, porque esto hay que paralizarlo".